El diputado Bonifácio Andrada, en su condición de instructor de una comisión que analiza la denuncia por corrupción contra el presidente brasileño, Michel Temer, pidió hoy martes que los cargos sean archivados por una "notoria falta de pruebas".
Temer ha sido acusado por la Fiscalía General de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
Aunque ese convenio fue anulado por la propia Fiscalía después de que se comprobó que los declarantes habían omitido o falseado parte de la información, las supuestas pruebas obtenidas contra Temer han sido consideradas válidas hasta ahora por el Ministerio Público, pero no por la defensa de Temer ni ahora por el diputado Andrada.
Según declaró Andrada, instructor de la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja, en la que tramita el caso, la acusación "no tiene respaldo", no ha sido debidamente "probada" y algunos elementos fueron fruto de testimonios que están en tela de juicio, como los de JBS, a los que no se les puede conferir valor legal.
Irregularidades cometidas antes de asumir el poder
Andrada indicó además que muchas de las supuestas irregularidades relatadas en la denuncia datan de fechas anteriores a mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder una vez que comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
En ese marco, citó que la Constitución brasileña impide en forma expresa que un presidente en ejercicio del poder sea sometido a un juicio penal por hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, que en ese caso sólo pueden ser juzgados una vez que deje el cargo.
Andrada también precisó que algunos de los testimonios en que se apoyó la Fiscalía para presentar los nuevos cargos contra Temer, que además salpican a dos ministros y otros dirigentes políticos de su entorno, "ya fueron juzgados y rechazados por los diputados en una primera denuncia, ya rechazada".
Aludió así a una primera denuncia por corrupción pasiva, que la poderosa base oficialista en el pleno de la Cámara de Diputados decidió archivar en agosto pasado con una clara diferencia de 263 votos frente a 227.
Como con la denuncia anterior, para que la Cámara Baja autorice a la Corte Suprema a estudiar la eventual apertura de un juicio penal contra Temer por estos nuevos cargos será necesaria una mayoría calificada de dos tercios del pleno, que representan 342 votos.
Una vez presentado el informe del instructor, la comisión de Constitución y Justicia debatirá el asunto la semana próxima, para luego remitir el caso al pleno de los diputados, en el que la base oficialista conserva la mayoría que le permitió bloquear las primeras acusaciones contra el mandatario.