La pequeña formación de izquierda pidió la salida del Mandatario porque -a su juicio- se constituyó en "comandante mayor de un gobierno corrupto".
El Partido Popular Socialista (PPS) pidió este martes a los brasileños que se unan para pedir la destitución del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por los graves hechos de corrupción en su gobierno y su partido.
"Con la responsabilidad histórica que ha marcado sus actos en 84 años de existencia, el PPS convoca a la sociedad a movilizarse en torno a la destitución, un instrumento democrático y constitucional para la resolución de crisis y la defensa de las instituciones", dice una nota divulgada por la formación socialista.
Agrega que "las instituciones republicanas están hoy salpicadas por prácticas indecentes y criminales" y cita un informe de la Procuraduría General que acusó formalmente por corrupción a 40 personas vinculadas al Gobierno, entre ellas dos ex ministros de Lula y la anterior dirección del Partido de los Trabajadores (PT).
Según el PPS, aunque el jefe de Estado no figura en la lista de acusados, "Lula está presente en todo el proceso, como comandante mayor de un gobierno corrupto".
El comunicado sostiene que, "en un régimen presidencialista, la responsabilidad por los actos políticos y administrativos es del presidente de la República, como jefe de Estado y del Gobierno".
Basado en esas responsabilidades, el PPS afirma que "cabe a Lula responder por la acción delictiva del aparato estatal, hasta porque la banda estaba formada por sus principales ministros y por los dirigentes nacionales de su partido".
Según el PPS, "es imposible excluir al presidente".
Esta pequeña formación socialista tiene 14 de los 513 diputados y uno de los 81 senadores. Apoyó a Lula en la campaña que le llevó al poder en el 2002, pero a mediados del año pasado se separó de la coalición de gobierno ante los escándalos de corrupción.
De acuerdo a las leyes brasileñas, un proceso contra un jefe de Estado no puede ser solicitado por un partido político, sino que debe ser encaminado por algún ciudadano, en su propio nombre.
El Colegio de Abogados, que también estudia la situación para determinar si procede alguna acusación contra Lula, tiene previsto presentar en la primera semana de mayo un informe de carácter técnico y jurídico sobre el asunto.
Fuentes políticas dijeron que el informe está prácticamente listo y que recomienda el inicio de un proceso contra Lula, fundamentado en que los escándalos de corrupción que se arrastra desde mayo del año pasado implican a muchos de sus más cercanos colaboradores.
Entre estos últimos están los ex ministros José Dirceu y Luis Gushiken, a quien una comisión parlamentaria y luego la Procuraduría han acusado formalmente ante la justicia de corrupción.
En la propia oposición se reconoce que, aún cuando existan los fundamentos legales para un proceso de destitución, no hay lo que las leyes denominan "clamor popular" en favor del mismo, que también es imprescindible según las normas jurídicas.
Pese a los escándalos, la popularidad de Lula se mantiene en torno al 50 por ciento y el presidente es sólido favorito para las elecciones de octubre próximo, pero aún no ha anunciado si postulará para un segundo mandato. (EFE)
