El juez que llevaba el denominado "juicio del siglo" en Brasil, halló este jueves culpables de corrupción a diez dirigentes de cuatro partidos políticos de ese país, implicados en los escándalos denunciados en 2005 durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los pedidos de condena formulados por el magistrado Joaquim Barbosa, afectan a tres dirigentes del Partido Progresista (PP), otros tres del Partido Laborista Brasileño (PDT) y uno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Asimismo, a otros tres del desaparecido Partido Liberal (PL), uno de los más implicados en la trama, extinto en 2006 a consecuencia de los escándalos y convertido desde entonces en el Partido de la República (PR).
Uno de los reos a quien Barbosa pidió condenar por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero es Roberto Jefferson, en la época diputado y actual presidente del PTB.
Jefferson fue quien, en junio de 2005, denunció que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) había montado una red de corrupción dirigida a la obtención de dinero público para financiar campañas políticas en forma ilegal y sobornar a decenas de diputados.
Los cuatro partidos a los que pertenecen los dirigentes hallados culpables por Barbosa integraban en la época la coalición que dio apoyo al entonces presidente Lula y actualmente están en la que respalda a su sucesora y pupila política, Dilma Rousseff.
Barbosa también se pronunció por condenar a los propietarios de la empresa financiera Bonus Banval, Enivaldo Quadrado y Breno Fischberg, de quienes consideró que colaboraron en las operaciones necesarias para blanquear el dinero que alimentaba la red de corruptelas.
Pasos futuros
Tras el voto emitido este jueves por Barbosa, tomará la palabra el juez revisor, Ricardo Lewandowski, quien emitirá su parecer durante la siguiente audiencia que se celebrará el próximo lunes, en donde figura un total de 37 acusados.
Además, la tesis de Barbosa será debatida durante las próximas sesiones por otros nueve magistrados, que por mayoría deberán decidir si la respaldan o si aceptan los argumentos de la defensa, que sostiene que los pagos a diputados de los cuatro partidos políticos eran para cubrir deudas de campaña.
Si la mayoría de los magistrados se inclinara por los alegatos de la defensa, todo el asunto quedaría reducido a violaciones de leyes electorales ajenas a la órbita penal y además ya prescritas.