Los militantes del Partido de los Trabajadores son investigados por su presunta participación en la compra del falso dossier contra los adversarios del jefe de Estado.
Una jueza brasileña decretó prisión para seis personas acusadas de comprar un informe con acusaciones falsas contra líderes de la oposición, una medida que sólo podrá ser aplicada después de las elecciones del domingo.
Las órdenes de arresto fueron dictadas contra correligionarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores (PT), investigados por su presunta participación en la compra del falso dossier contra los adversarios del jefe de Estado.
Una de las personas cuyo arresto fue ordenado es Freud Godoy, un funcionario del entorno de Lula que renunció hace una semana a su cargo como asesor especial para la Presidencia y que desde hace más de una década cuida de asuntos particulares del mandatario.
La orden también se extiende al ex analista de riesgo del comité de campaña del jefe de Estado Jorge Lorenzotti, al ex secretario del Ministerio de Trabajo Oswaldo Bargas, al destituido director de riesgo del estatal Banco de Brasil Expedito Afonso Veloso, al abogado Gedimar Passos y al empresario Valdebram Padilha.
Todos trabajan en la campaña electoral de Lula y los dos primeros también tienen lazos de amistad con el jefe de Estado.
La Policía Federal confirmó este miércoles que recibió las órdenes de prisión pero aclaró que no podrá ejecutarlas por ahora debido a que la legislación electoral prohíbe el arresto de cualquier ciudadano, a no ser en casos de flagrante delito, en el período entre cinco días antes y 48 horas después de las elecciones.
Es decir, que los militantes del partido que Lula fundó en 1980 y con el que gobierna desde 2003 podrán ser apresados después del martes próximo.
Dos de los acusados ya habían sido detenidos cuando, con cerca de 1,7 millones de reales (unos 800.000 dólares) en su poder, pretendían comprar el dossier con supuestas pruebas de corrupción contra los candidatos del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a la Presidencia, Geraldo Alckmin, y a la gobernación de Sao Paulo, José Serra.
El informe fue ofrecido por un empresario procesado por un millonario fraude al Estado mediante la venta de ambulancias a precios exorbitantes e incluía fotografías, videos y documentos.
El procurador responsable de la investigación, Mario Lucio Avelar, que solicitó el arresto a una jueza del estado de Mato Grosso, afirmó que la imposibilidad de detener por ahora a los acusados no perjudica las investigaciones.
La decisión, sin embargo, fue criticada por la Orden de Abogados de Brasil (OAB, colegio) y por líderes de la oposición debido a que supuestamente le permite a los acusados esconder pruebas y preparar su defensa.
"Dieron tiempo para que ellos se preparen, para huir, para confundir a la población... Pero no sirvió para lo que se destinaba, que era aislar a acusados mientras se buscan posibles pruebas de su culpabilidad", afirmó el presidente del colegio de abogados, Roberto Busato.
"Si la Policía Federal no aclara todo antes del día en que los pueda capturar, va a perder credibilidad. Va a dejar la impresión de que está siendo manipulada electoralmente", dijo el candidato a la Presidencia por el opositor Partido Democrático Laborista (PDT), Cristovam Buarque.
El nuevo escándalo que salpica al PT surgió cuando faltaban 15 días para las elecciones, en las que Lula aparece como claro favorito, con cerca del 50 por ciento de las intenciones de voto y la posibilidad de garantizar su reelección sin necesidad de disputar una segunda vuelta. (EFE)
