El ciudadano, de 52 años, fue forzosamente trasladado a Liaoning.
Se le encerró en un centro de detención el pasado 13 de noviembre y dos días después murió "de repente".
Esta no es la primera vez que fallece bajo custodia un peticionario, ciudadanos que se acogen a un antiguo sistema imperial para pedir justicia a Pekín.
Un peticionario, ciudadanos que viajan a Pekín para pedir justicia al Gobierno central y que son perseguidos por el régimen, ha fallecido cuando llevaba bajo custodia dos días, un caso que según organizaciones de derechos humanos pone en evidencia la falta de controles en centros de detención.
Según confirmaron este jueves a EFE desde la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD), el ciudadano, de 52 años y procedente de la provincia de Liaoning (noreste) había sido detenido en Pekín cuando intentaba reclamar ante el Gobierno central un problema que había sido desatendido por las autoridades de su localidad, y forzosamente trasladado de vuelta a Liaoning.
Allí, se le encerró en un centro de detención el pasado 13 de noviembre y dos días después murió "de repente", según ha podido saber este jueves otra peticionaria y amiga del fallecido, que ha sido víctima de los abolidos gulags chinos, indicó a EFE Wendy Lin, investigadora de CHRD en Hong Kong, quien consideró que existen los suficientes controles en los centros de detención.
Esta no es la primera vez que fallece bajo custodia un peticionario, ciudadanos que se acogen a un antiguo sistema imperial para pedir justicia a Pekín cuando han agotado todas las vías legales en sus provincias de origen para resolver agravios.
La mayoría de estas denuncias están relacionadas con expropiaciones forzosas, compensaciones inadecuadas por tierras o por desempleo, maltratos físicos y muertes de familiares en custodia y otros casos de corrupción, por los que los peticionarios esperan durante años una sentencia que no llega malviviendo en la capital china.
Con la nueva reforma judicial impulsada por el Partido Comunista, que prevé obligar a tribunales a aceptar casos y a las autoridades locales a rendir cuentas, algunos analistas prevén que el número de peticionarios se reducirá, si bien aún no hay evidencias de que las medidas hayan sido implementadas.
