En el municipio de Tumaco, Colombia fue asesinado Luis Alberto Ortiz Cabezas (nombre de guerra: Pepe), miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien había sido indultado en el marco de los acuerdos de paz que ese grupo insurgente firmó con el gobierno a fines de 2016.
El hombre, de unos 29 años y padre de dos hijos menores de edad, era miliciano de base -no guerrillero-, es decir que no se encontraba en campamentos como los combatientes, sino mezclado con la sociedad civil mientras estuvo activo, reportó BBC.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ordenó priorizar las investigaciones para determinar las responsabilidades que correspondan por el homicidio del exguerrillero.
"Es deber de todo el Estado colombiano asegurar la integridad de los desmovilizados de las FARC, en medio del proceso de reconciliación y en cualquier caso impedir que haya impunidad respecto de cualquier atentado en relación con alguno de sus miembros, como ha ocurrido con Ortiz", indicó Martínez.
La Defensoría del Pueblo de Colombia calificó el homicidio como "un hecho que, independiente de las causas o el contexto en el que haya ocurrido, reviste una profunda gravedad".
FARC: ¿Cuántos muertos más habrá que esperar?
Por su parte, el grupo guerrillero señaló como responsable de su asesinato a un hombre que utiliza el alias de Renol, al que denominan "narco paramilitar" y al que acusan de amenazas y otros asesinatos en Tumaco.
Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las FARC, señaló que aunque tienen convicción de que la información de que fue Renol el responsable es veraz: "Aspiramos a que la investigación de la Fiscalía y las autoridades lleven a esclarecer el autor y los móviles".
"¿Cuántos muertos más habrá que esperar para que en Tumaco empiecen a aplicarse los consensos de garantías de seguridad establecidos en el acuerdo final (de paz)?", se preguntan las FARC, en referencia al punto de lo pactado que contempla la protección de los rebeldes desmovilizados.
El Congreso colombiano aprobó en diciembre del año pasado un proyecto de ley de amnistía impulsado por el gobierno con el que comenzó la implementación del acuerdo de paz firmado por el Ejecutivo y las FARC el pasado 24 de noviembre en Bogotá.
El proyecto recoge el perdón jurídico para todos los miembros de las FARC, excepto para los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.
