La acción se debe al "fracaso" del Ejecutivo en la aplicación de las leyes de inmigración.
Grupo a favor de los derechos civiles dijo que ello es para "distraer de la realidad".
Organizaciones defensoras de los derechos civiles tildaron como "truco" político la demanda interpuesta por el estado de Arizona en contra del Gobierno de EE.UU. por fracasar en la aplicación de las leyes de inmigración.
"La contrademanda de Arizona contra Estados Unidos es nada más que un truco político diseñado para distraernos de la realidad de que la ley intenta exigir la discriminación por perfil racional que es inconstitucional", sostuvo en un comunicado la coalición de grupos de derechos civiles que demandó al estado a raíz de la ley SB1070.
La coalición incluye a la Unión de Libertades Civiles (Aclu), el Fondo México Americano de la Defensa Legal y Educación (Maldef) y el Centro de Leyes de Inmigración Nacional, entre otros.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, acompañada del fiscal general estatal, Tom Horne, anunció el jueves la contrademanda como parte de la batalla judicial por la ley estatal SB1070, la primera en criminalizar a los inmigrantes indocumentados en el país.
El pasado mes de junio el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Arizona bajo el argumento de que la aplicación de leyes migratorias es jurisdicción del Gobierno federal y en respuesta a una jueza federal en Phoenix que suspendió algunas de las cláusulas más polémicas de la SB1070, que entró en vigor el pasado 29 de julio.
En la contrademanda se acusa al Gobierno federal de fallar en el control de la frontera, no detener el flujo de indocumentados, fracasar en aplicar leyes migratorias, violar disposiciones constitucionales y por no pagar al estado más de 760 millones de dólares por gastos de encarcelamiento de reos "sin papeles".
Por su parte, Paul Bender, profesor de leyes de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) dijo a la Agencia EFE que la demanda tiene muy pocas probabilidades de tener éxito ya que los tribunales generalmente se rehúsan a exigir a una agencia federal que aplique una ley de la manera que alguien quiere que sea aplicada.
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