Tribunal impidió aplicación completa de polémica ley de inmigración en Alabama

Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. impidió la aplicación de partes de la controvertida ley de Alabama contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que ha causado temores entre la comunidad hispana y un recurso del gobierno federal.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11 Distrito Federal, con sede en Atlanta (Georgia, EE.UU.), responde a recursos presentados por el Departamento de Justicia y respaldados por grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, hispanos en su mayoría.

Los demandantes pidieron que no se aplique la ley hasta que se complete la atención de cuestiones constitucionales más amplias, un proceso que podría llevar varios meses.

La legislación estipula que las policías locales y del Estado detengan a las personas de las cuales haya "sospecha razonable" que son inmigrantes indocumentados, que se verifique la situación de inmigración de personas involucradas en infracciones de tráfico u otros incidentes menores, y que las escuelas públicas inquieran sobre la situación legal de las familias de sus alumnos.

El dictamen, que comprende 16 páginas, da a ambos bandos victorias parciales ya que permite la entrada en vigencia de algunos aspectos y suspende otros de la ley.

Las disposiciones de la ley de Alabama que quedan en suspenso son las que requieren que los funcionarios del Estado verifiquen la situación de inmigración de los alumnos en las escuelas públicas, y las que estipulan que quienes no porten una tarjeta de registro como inmigrantes cometen un delito.

Pero se permite que la policía del Estado "en el curso de detenciones o arrestos legítimos, intente determinar la situación de inmigración de una persona que (el agente) sospeche que es un inmigrante no autorizado en este país".

Los adversarios de la legislación señalan que esta disposición llevará a detener y a requisar documentos aún de ciudadanos estadounidenses, simplemente por el color de su piel o la apariencia étnica.

Asimismo, queda en pie la disposición que convierte en un delito grave la participación de inmigrantes indocumentados en cualquier tipo de "transacción de negocios" en Alabama, incluida la solicitud de una licencia para conducir vehículos automotores o para abrir un negocio.