Sujeto fue condenado a 50 años de cárcel por estafar más de un millón de dólares en fajitas

Publicado:
| Periodista Radio: EFE

El Departamento de Justicia Juvenil en Texas denunció al cocinero del lugar por un pedido de 362 kilos de fajitas a nombre del detenido.

Ese día ni había ido a trabajar ni el plato de fajitas estaba en el menú del centro.

Sujeto fue condenado a 50 años de cárcel por estafar más de un millón de dólares en fajitas
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Un antiguo empleado de un centro de detención de menores de Texas fue condenado a 50 años de cárcel tras estafar 1,25 millones de dólares de los fondos públicos destinados a la compra de ingredientes para elaborar fajitas en el servicio de cocina del establecimiento, confirmaron hoy las autoridades.

La Policía abrió una investigación sobre Gilberto Escamilla, de 53 años, tras la denuncia de uno de los cocineros del Departamento de Justicia Juvenil del Condado de Cameron (Texas), donde trabajaba el sospechoso, que alertó de un pedido de 362 kilos de fajitas a nombre del detenido.

Sin embargo, ese día ni Escamilla había ido a trabajar ni el plato de fajitas estaba en el menú del centro.

El informe policial reveló que esta práctica era algo habitual puesto que se registraron facturas similares, aunque con menores cantidades, durante 9 años.

La cantidad total defrauda asciende a 1.251.587 dólares en pedidos falsos.

El fiscal del distrito, Luis V. Saenz, comentó en un medio local tras la detención del ex funcionario que si este hecho "no fuera tan serio" se "podría pensar que se trata de una sátira en un programa televisivo de comedia".

En la vista posterior, el propio Escamilla asumió que fue un hecho "egoísta" por su parte y se declaró culpable de los cargos que se le atribuyen por fraude y malversación de fondos públicos.

"Todo comenzó como algo pequeño y se fue haciendo tan grande que se escapó de mi control. Llegó un punto en el que no podía controlarlo más", añadió.

El juez del distrito de Brownsville, J. Manuel Bañales, atendió la petición del fiscal de condenarle a 50 años de cárcel para "enviar un mensaje a la sociedad" sobre los delitos cometidos por empleados públicos.

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