El magistrado sostuvo que los acusados, la mesa de la organización Batasuna, no han cometido el delito de propagar el terrorismo, pero estimó que uno de ellos puede ser acusado de amenazas.
Un juez español dejó este jueves en libertad a ocho dirigentes de Batasuna, considerado brazo político del grupo independentista vasco ETA, aunque impuso a uno de ellos la obligación diaria de comparecer ante la policía.
Batasuna, organización de izquierda que pide la independencia del País Vasco en Francia y España, fue ilegalizada por la justicia española y está incluida desde 2003 en las listas de bandas terroristas de la Unión Europea y de Estados Unidos.
El juez no adoptó ninguna nueva medida cautelar contra el resto de los imputados -Arnaldo Otegi, Rufino Etxebarria, Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa, Pernando Barrena, Joseba Alvarez y Juan Cruz Aldasoro-, que, no obstante, permanecen imputados por el delito de amenazas ante la existencia de "indicios racionales de criminalidad".
El magistrado de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska sólo impuso a Joseba Permach la obligación de comparecer diariamente en una comisaría, y recordó a las Fuerzas de Seguridad que deben impedir la celebración de actos públicos por parte de la formación.
Estimó que a Permach se le puede imputar un delito de amenazas terroristas al haber declarado el pasado 25 de mayo que si alguno de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna fuera encarcelado el "proceso de paz entrará en una situación de bloqueo".
La organización armada anunció el pasado 22 de marzo un "alto el fuego permanente", tras lo cual el Gobierno español pidió el apoyo del parlamento para dialogar con ETA una vez que conste que ésta deje las armas definitivamente.
El auto del juez señala que tanto las declaraciones de Permach como la constitución de la nueva Mesa Nacional de Batasuna y de la "comisión negociadora" y la entrevista a ETA publicada en el diario vasco Gara "son consecuencia de un plan orquestado por el conjunto del entramado de la organización terrorista".
Considera que el objetivo de ese plan sería obligar "a los poderes legítimos a negociar y asumir sus exigencias como condición indispensable del cese definitivo del ejercicio de la violencia", pero agrega que la ausencia de otros "datos objetivos" impide acordar la prisión solicitada por las acusaciones populares para los imputados e, incluso, salvo en el caso de Permach, imponerles nuevas medidas cautelares.
Sin embargo, la Fiscalía consideró que no sólo no cometieron ningún delito, sino que pretendían recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada y "apoyar" el alto el fuego de ETA para convertirlo en definitivo.
La acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo sí solicitó el ingreso en prisión incondicional de todos los dirigentes de Batasuna, al igual que la asociación Dignidad y Justicia.
Los fiscales dijeron que los miembros de Batasuna -siete de ellos ya procesados por pertenencia a ETA- no han incurrido en reiteración delictiva, pues no querían contribuir a los fines de la banda, "sino recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo". (EFE)
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