Inmigrantes sin atención sanitaria en España acudirán al Tribunal de Derechos Humanos

La Red por el Derecho a tener Derechos, que aglutina a más de treinta colectivos en defensa de los inmigrantes indocumentados que se han quedado sin tarjeta sanitaria en España, anunció que llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "cada caso" de desatención grave a estas personas.

El Ministerio de Sanidad español anuló el pasado sábado la tarjeta sanitaria a 910.000 pacientes que no pagan impuestos, entre ellos 5.000 chilenos, porque no contribuyen a las arcas de la Sanidad pública, una medida urgente con la que se espera ahorrar al menos 1.500 millones de euros (unos 900 mil millones de pesos).

Este es el primer lunes en el que los centros de salud afrontan la nueva situación, que afecta especialmente a más de 150 mil inmigrantes sin permiso de residencia, por su vulnerabilidad económica y social, y que hasta ahora eran atendidos con solo empadronarse en este país.

Organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los Derechos Humanos se han comprometido a vigilar cómo se trata a estas personas.

Prestarán especial atención sobre todo a los enfermos crónicos, graves o a aquellos que padezcan patologías infecciosas.

Los portavoces de algunas organizaciones de la Red, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) y Médicos del Mundo, Iván Forero y Mario Pérez, advirtieron que denunciarán en la Corte de Estrasburgo cada posible caso de desatención.

El ministerio de Sanidad se ha comprometido a atender a los inmigrantes irregulares en urgencias en caso de accidente o enfermedad grave; en el embarazo, parto y postparto, y a los menores de 18 años.

Tampoco dejará sin su tratamiento a los pacientes crónicos o con enfermedades infecciosas.

No obstante, si las autoridades sanitarias "no cumplen" o si no se respeta la normativa internacional, los colectivos de la Red no dudarán en denunciar la situación.

Consideran que en este caso estas personas podrían ser víctimas de una violación de su derecho a la salud y a la vida, reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.