A las 17:30 horas de Chile entró en vigor el decreto contra la crisis.
Militares operarán las torres de control para dirigir el tráfico aéreo.
El gobierno español aprobó un decreto-ley con el cual autoriza al presidente del gobierno a transferir los centros de control de los aeropuertos civiles, dependientes de AENA -el organismo gestor de los aeropuertos españoles- al ministerio de Defensa.
Esto a raíz de la "baja masiva" de los controladores aéreos que alegan "incapacidad" para trabajar por estrés y taquicardias, lo que provoca una situación caótica en todos los aeropuertos de la península.
Por su parte el ministro de Fomento, José Blanco, advirtió a los controladores que, "si no deponen su actitud y se incorporan inmediatamente a sus puestos", Madrid aplicará el decreto que entró en vigor a las 21:30 horas (17:30 horas de Chile).
Además, el citado decreto permitirá realizar controles médicos "de manera inmediata" para verificar que los trabajadores realmente no están en disposición de realizar sus funciones.
En tanto, el Ejecutivo negocia con el sindicato de controladores su vuelta inmediata a sus puestos de trabajo. El cambio de turno se debió producir a las 22:00 horas (18:00 horas de Chile) y de continuar esta situación, habrá hasta medianoche unos 250.000 afectados.
Si los trabajadores no vuelven y el gobierno pone en marcha la medida, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente general José Jiménez, que se ha unido al gabinete de crisis de Fomento, asumirá el control y pondrá en marcha el protocolo de emergencia.
En ese caso, se abrirán al tráfico civil los aeropuertos militares y si eso no es suficiente, unos 300 controladores militares acudirán a las torres a dirigir el tráfico aéreo y, si tampoco esto basta para dar superar el colapso, el Estado Mayor seleccionará que vuelos son prioritarios o estratégicos.
Según informó AENA, el "abandono masivo o la falta de personal de controladores aéreos" obligó a cerrar el aeropuerto de Madrid-Barajas, Baleares y Canarias, los que concentran la mayor parte de operaciones, así como los de Galicia y forzó el cese de actividad en el resto las infraestructuras de la red nacional.
Ante el colapso del transporte aéreo, el organismo recomendó a los pasajeros que no acudan a los aeropuertos, que han activado sus planes de emergencia, y que soliciten información a sus compañías o través de su página web.
AENA denunció que la actuación de los controladores podría ser sancionada con el despido disciplinario porque "constituye un delito según el artículo 409 del Código Penal".
Según la ley, aquellos que promuevan el abandono colectivo se enfrentarán a una multa de ocho a 12 meses de trabajo y suspensión de empleo por un tiempo de seis meses a dos años. Por su parte, los que tomen parte en el boicot "serán castigados con la pena de multa de ocho a 12 meses".
La protesta de los controladores
Esta protesta se produce tras la aclaración hecha este viernes en el Consejo de Ministros de la norma que regula la jornada de los controladores.
Con el objetivo de evitar las "interpretaciones erróneas", se ratificó un máximo de 1.670 horas al año trabajadas, pero se aclaró que "no se computarán en este máximo anual" las correspondientes a las actividades laborales de carácter no aeronáutico. Es decir, los permisos sindicales, las horas imaginarias y las licencias y ausencias por incapacidad laboral, así como las reducciones de jornada.
