Más de 400 clérigos de Cataluña pidieron al Papa que medie a favor de referéndum

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Autor: Cooperativa.cl

El Gobierno catalán convocó una consulta ciudadana sobre la independencia que fue suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

Los religiosos le solicitaron a Francisco que pida al Gobierno que revise su "visceral oposición" al referéndum.

Más de 400 clérigos de Cataluña pidieron al Papa que medie a favor de referéndum
 EFE (Archivo)

Los religiosos recurren al papa Francisco para que exija al Gobierno español que cese sus actuaciones represivas.

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Más de 400 sacerdotes y diáconos de la Iglesia católica en la región de Cataluña remitieron este lunes una carta al papa Francisco en la que le solicitan que medie ante el Gobierno de España para que permita realizar el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

En la carta, los religiosos explican que han decidido dirigirse al papa Francisco porque "se ha hecho pública la protesta del Gobierno español ante la Santa Sede" por el manifiesto a favor de la consulta que los clérigos dieron a conocer el pasado viernes.

En el texto, solicitan a Francisco "que pida al Gobierno español, públicamente o mediante vías diplomáticas, que revise su visceral oposición a este referéndum reclamado por el 80 por ciento de la población y cese sus actuaciones represivas".

En la misiva, los clérigos pidieron "que se permita al Gobierno de Cataluña, legitimado por el Parlamento (catalán), a proceder con garantías a la realización de esta consulta el próximo domingo 1 de octubre" y explican que apoyan la celebración del referéndum, "empujados por el amor sincero al pueblo que queremos servir".

El Tribunal Constitucional español también suspendió la llamada "ley de Transitoriedad" aprobada por el Parlamento regional catalán, que pretendía poner en marcha un nuevo Estado en forma de república y que fue recurrida por el Gobierno de Madrid.

El recurso presentado por el Gobierno español considera esa ley como "la mayor afrenta y amenaza" a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española) y el "mayor ataque concebible" a los valores democráticos.

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