Ibarretxe quiere que la votación sirva para abrir un proceso de diálogo entre el Gobierno español y ETA, y permitir, a la larga, a los habitantes de Euskadi decidir sobre su futuro.
El presidente regional del País Vasco (lehendakari), Juan José Ibarretxe, anunció este viernes que convocará una consulta popular el 25 de octubre de 2008 sobre el futuro político de esa comunidad autónoma y su relación con España, aunque no especificó el contenido de la pregunta.
Ibarretxe, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), presentó la celebración de esa consulta dentro de una "hoja de ruta" para "canalizar la solución del conflicto", en alusión a la actividad de la organización violenta vasca ETA que pretende la independencia del País Vasco de España y que en las últimas tres décadas ha asesinado a más de 800 personas.
Según el presidente regional vasco, el primer paso de su "hoja de ruta" es una oferta al presidente del Gobierno español para alcanzar un "pacto político" entre el País Vasco y España "sobre dos principios: el primero, el principio ético de rechazo a la violencia, y el compromiso de la sociedad vasca con las vías única y exclusivamente políticas y democráticas".
El segundo sería "el principio democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca, y el compromiso de incorporar este reconocimiento y su ejercicio en el ordenamiento jurídico".
Esta última petición se refiere a la aceptación por el Gobierno español de cambiar la actual legislación que no reconoce la legalidad de un referéndum con carácter vinculante que no sea convocado por el Gobierno central de España.
El Ejecutivo español ha señalado que si el lehendakari vasco decidiera convocar un referéndum en esa comunidad autónoma sobre una eventual escisión de España carecería de valor legal.
El segundo paso previsto en el nuevo plan de Ibarretxe se daría en el Parlamento Vasco, con la celebración de un pleno en junio del próximo año para ratificar un hipotético acuerdo con el Gobierno español, basado en el "rechazo a la violencia" y en el "respeto a la voluntad de la sociedad vasca" para decidir su futuro, y para que autorice la realización de la consulta para la ratificación del pacto.
En el caso de que no se llegara a ese acuerdo con el Gobierno de Madrid, pedirá al Parlamento regional que autorice la convocatoria de una "consulta habilitadora que traslade un mandato imperativo a todas las partes".
Ibarretxe anunció que si el Parlamento regional no ratifica un eventual acuerdo con el Estado o no autoriza la convocatoria de la consulta, disolverá la Cámara y convocará elecciones en otoño del próximo año.
De esa manera, la consulta podría servir para ratificar el hipotético pacto con el Gobierno español o, si no hay acuerdo, para una consulta "habilitadora" para dar un mandato con vistas a un proceso de diálogo.
Este "mandato" que saldría de la consulta estaría dirigido al Gobierno español y a ETA para que "inicien un proceso de diálogo con el objetivo de lograr el fin definitivo de la violencia, siempre que ETA manifieste previamente su voluntad inequívoca de abandonar el terrorismo".
También iría dirigido a las fuerzas políticas vascas, "sin exclusiones", para que inicien un proceso de negociación "con el objetivo de alcanzar un acuerdo de normalización política sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y sobre el marco de relaciones que deseamos mantener, internas y externas".
Reconoció que en este segundo caso, sin pacto con el Estado español, la consulta, sobre la que no dio a conocer la pregunta concreta al estar pendiente de si hay un acuerdo previo, "no será jurídicamente vinculante", aunque tendrá "indudable validez política, social y democrática".
En cualquier caso, anunció que convocará luego elecciones.
Todo este proceso llevaría a un segundo referéndum "resolutivo" en el segundo semestre de 2010.
Antes de la celebración de este segundo referéndum, ETA estaría "obligada por decisión popular a realizar una manifestación inequívoca, creíble y demostrable de su voluntad para poner fin a la lucha armada", por lo que abriría un diálogo con el Gobierno.
Por otro lado, los partidos vascos, "sin exclusiones", se comprometerían a "poner en marcha una mesa de negociación política para alcanzar en un plazo fijado un acuerdo sobre el derecho a decidir del pueblo vasco y las relaciones de territorialidad", es decir sobre una eventual independencia de España, que sería el objeto del segundo referéndum. (EFE)
