El primer ministro quiere que se indague la existencia de una "asociación con fines delictivos".
El anuncio lo hizo tras acudir a los tribunales por un caso donde es imputado por corrupción judicial.
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, anunció este lunes que decidió solicitar la constitución de una comisión que investigue si en la magistratura italiana existe una "asociación con fines delictivos".
Tras llegar al Tribunal de Milán en auto oficial y sin hacer declaraciones, el mandatario se dirigió a los periodistas en los pasillos del Palacio de Justicia, donde acudió por primera vez al juicio Mills, en el que está imputado por supuesta corrupción judicial.
"Hay una solicitud en el seno de mi partido de una comisión de investigación para averiguar si dentro de la magistratura existe una asociación con fines delictivos. Por otro lado, los jueces que me investigan son siempre los mismos", afirmó Berlusconi.
"No es verdad que yo la tenga contra todos los magistrados. Estoy agradecido con estos magistrados que han considerado infundadas las acusaciones hacia mi persona por parte de quien intenta usar el derecho como un arma política contra mí", añadió.
Caso Mills
Berlusconi acudió por cuarta vez al Tribunal de Milán, esta vez por un juicio por el supuesto pago de 600.000 dólares a su ex abogado, el británico David Mills, a cambio de que éste falseara a su favor su testimonio en dos juicios de finales de los años 90 permitiendo que el mandatario quedara absuelto.
En todo este tiempo, Berlusconi ha asegurado que no recuerda haber conocido a Mills porque era uno de los muchos abogados que el grupo Fininvest (de su propiedad) tenía en el extranjero, y que los 600.000 dólares corresponden al pago en dinero negro al letrado por parte de un armador italiano para eludir al fisco británico.
Pero lo cierto es que, en la otra rama del caso, Mills fue condenado en primera y segunda instancia por corrupción en acto judicial en favor de Berlusconi por haber mentido en esos dos mismos juicios, aunque el Supremo italiano decretó el 25 de febrero de 2010 la prescripción del delito.
Este "es el peor de todos. Es ridículo, paradójico e increíble que el Estado italiano gaste tanto dinero en un proceso así: no existe causa y no hay prueba del ingreso del dinero", indicó el primer ministro.
