Acudió a vista preliminar de juicio donde es acusado de apropiación indebida y fraude fiscal.
Hay cuatro procesos penales pendientes en su contra.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, acudió este lunes, por tercera vez en las últimas semanas, al Tribunal de Milán al desarrollo de uno de sus cuatro procesos penales pendientes, donde además declaró sobre el funcionamiento del mercado de los derechos televisivos.
El jefe del Gobierno italiano cumplió con su anunciada presencia ante la Corte milanesa, en la que se celebró a puerta cerrada una nueva vista preliminar del proceso Mediatrade, por el que, junto a otras 11 personas, entre ellas su hijo Piersilvio, se le ha investigado por supuesta apropiación indebida y fraude fiscal.
Al término de la sesión matinal de la audiencia, uno de los abogados del mandatario, Niccolò Ghedini, explicó a los periodistas que Berlusconi había declarado sobre cómo, según él, funciona el mercado internacional de los derechos televisivos y el uso de los intermediarios, algo que no estaba previsto.
Al término de las audiencias preliminares, el tribunal deberá decidir si envía a juicio a Berlusconi o archiva el caso, uno de los cuatro que Berlusconi tiene pendientes en Milán, además de los juicios Ruby (supuesta incitación a la prostitución de menores y abuso de poder), Mills (supuesta corrupción en acto judicial), y Mediaset (supuesto fraude fiscal).
A su llegada al Palacio de Justicia de Milán, donde no faltaban sus seguidores, Berlusconi se dirigió a los periodistas allí apostados para negar las acusaciones de los fiscales y atacar a la magistratura por sus "intentos" de condenarlo.
Fraude al fisco y apropiación indebida
El caso Mediatrade trata de dilucidar si el grupo Mediaset, propiedad de la familia Berlusconi, compró a través de su filial Mediatrade los derechos de películas a un mayorista estadounidense mediante el intermediario Frank Agrama y su empresa Wiltshire, para aumentar después los precios y permitir con su recompra evadir dinero al fisco.
Según la Fiscalía, los investigados se apropiaron indebidamente de 34 millones de dólares y defraudaron al fisco unos 8 millones de euros con efectos tributarios que se extienden hasta septiembre de 2009.
