La mayoría conservadora busca plantear un conflicto de competencia.
Apuntan a "tutelar las prerrogativas de la Cámara".
La mayoría conservadora liderada por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aseveró que las acusaciones contra la autoridad son "infundadas e ilíogicas", por lo que solicitó al presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, que plantee ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias entre los poderes del Estado en el "caso Ruby".
El partido Pueblo de la Libertad de Berlusconi; la Liga Norte, su aliada en el Gobierno, y el grupo Iniciativa Responsable, el tercer pilar en el que se sustenta el Ejecutivo, pidieron a Fini en una carta que plantee un conflicto de atribuciones con el fin de "tutelar las prerrogativas de la Cámara de los Diputados".
Los firmantes consideran que los magistrados de Milán menoscabaron las prerrogativas de la Cámara Baja al decidir seguir adelante con el caso Ruby, en el que Berlusconi está imputado por inducción a la prostitución de menores y abuso de poder, pese a que los diputados se pronunciaron a favor de que la competencia fuera del Tribunal de Ministros.
Asimismo, subrayaron que las acusaciones de la Fiscalía milanesa son "absolutamente infundadas e ilógicas" y consideraron que "no se puede sustraer al Parlamento su capacidad para evaluar si el delito (de concusión) es de naturaleza ministerial o no", es decir si es o no competencia del Tribunal de Ministros juzgar el caso.
Tras conocerse la iniciativa, el líder del grupo opositor Italia de los Valores, el ex magistrado anticorrupción Antonio Di Pietro, comentó en un comunicado que, "como sucede habitualmente, la ignorancia y la arrogancia se unen en el Parlamento para asegurar, a cualquier coste, la impunidad de Berlusconi".
Desde que saliera a la luz en enero pasado que Berlusconi estaba investigado, su defensa siempre ha sostenido que cuando llamó a una comisaría milanesa el 27 de mayo para procurar que liberaran a Ruby, joven marroquí acusada de un pequeño robo, lo hizo pensando que era la sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak, y para evitar un incidente diplomático.
Por ello, sostienen que el supuesto delito de concusión debe ser juzgado por el Tribunal de Ministros.
En cuanto al delito de incitación a la prostitución durante las fiestas privadas del mandatario, la defensa sostiene que el lugar en el que supuestamente éste se cometió es la residencia de Arcore de Berlusocni, en la provincia de Monza, por lo que la competencia de este caso recaería en el Tribunal de Monza, y no en el de Milán.
