El ministro del Interior italiano Angelino Alfano afirmó que "las leyes del país no permiten que se casen personas del mismo sexo".
Se invalidarán los que ya han sido registrados en algunos ayuntamientos italianos.
En caso de que los alcaldes no retiren y cancelen los matrimonios inscritos, "se procederá a anularlos de oficio".
El ministro del Interior italiano, Angelino Alfano, anunció este martes que los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero no tendrán validez en Italia y que se anularán los que ya han sido registrados en algunos ayuntamientos italianos.
Alfano declaró que "las leyes del país no permiten que se casen personas del mismo sexo".
El ministro respondió así, en una entrevista radiofónica, a los alcaldes de ciudades como Nápoles, Bolonia o Fano que, desde julio pasado, han inscrito en sus respectivos registros civiles matrimonios contraídos por homosexuales en el extranjero para, así, estimular al Gobierno a aprobar una ley al respecto.
"El asunto está muy claro", dijo hoy el ministro, porque, explicó, "las directivas aprobadas en algunos ayuntamientos para registrar los matrimonios contraídos por personas del mismo sexo en el extranjero no son conformes con la ley italiana".
Insistió en que en Italia "no es posible que se casen personas del mismo sexo" y, por eso, los matrimonios homosexuales que tengan validez en el extranjero no pueden ser inscritos en el Registro Civil del país porque "no son consentidos por la ley".
De hecho, aseguró que este mismo martes firmará una circular con la que todos los matrimonios entre homosexuales celebrados en el extranjero y registrados en los ayuntamientos italianos quedarán cancelados.
Se trata de una "invitación formal al retiro de estas uniones y la cancelación de las inscripciones", explicó.
En caso de que los alcaldes no retiren y cancelen los matrimonios inscritos, "se procederá a anularlos de oficio", destacó.
Alcaldes acusan que se "niegan derechos"
La inscripción en los registros de ciertos ayuntamientos de los matrimonios entre homosexuales contraídos fuera de Italia es un acto burocrático que tenía efecto únicamente local y que consistía en la inscripción en el Registro Civil de una determinada localidad.
Fue una decisión adoptada por los alcaldes de ciudades como Nápoles, Bolonia o Fano basándose en una sentencia de un Tribunal italiano que instaba a un ayuntamiento a inscribir la unión de dos hombres casados en 2012 en Nueva York, y que a partir de hoy quedará sin validez por ser incompatible con las leyes del país, según el ministro del Interior.
Al poco de conocerse la decisión de Alfano, el presidente de la organización en defensa del colectivo homosexual Arcigay, Flavio Romani, hizo un llamamiento a la resistencia y pidió a los alcaldes que desobedezcan.
Según la organización, anular los registros sería una práctica de "fanáticos, arrogantes, dictadores, sin orgullo ni calidad" que convertiría a Italia "en la vergüenza de Europa" y que crearía "un 'apartheid' que Italia no se merece y que ofende a su Constitución".
Además de a los alcaldes, llamó a la resistencia al propio Parlamento, para que retire la confianza al gobierno.
El alcalde de Bolonia, Virginio Merola, que fue el primero en registrar los matrimonios homosexuales celebrados en el extranjero, ya ha dicho que no cumplirá la orden del ministro.
Además, Merola acusó al gobierno de "negar derechos que están reconocidos en la legislación europea".
Por su parte, Luigi Nieri, vicealcalde de Roma, recomendó al ministro del Interior, con un mensaje publicado en su perfil de Facebook, que mejor "se ocupe de prevenir la criminalidad, controlar la seguridad urbana y la mafia".
El alcalde de Udine, Furio Honsell, expresó que una cuestión así debe ser debatida en el Parlamento y que no basta con una circular burocrática, según recogen los medios locales.
En la misma línea, el alcalde de Nápoles, Luigi di Magistris, que está suspendido pero fue quien autorizó los registros, anunció, según la prensa, que la circular para anular las inscripciones es contraria a la igualdad de derechos que defiende la Constitución.
