Los poderes que se atribuyó el presidente Mohamed Mursi han provocado una serie de protestas.
El país está dividido entre quienes se oponen y quienes apoyan la medida como una forma de "proteger la revolución".
Los poderes especiales que la semana pasada se arrogó el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, mantienen al país movilizado entre quienes consideran que es una medida necesaria para "salvar la revolución" y quienes temen que el mandatario, como sus predecesores, concentre demasiado poder.
Este martes está previsto que los opositores a Mursi salgan a las calles del El Cairo nuevamente para exigir la derogación del decreto, que impide que las decisiones del poder ejecutivo sean revocadas por ninguna otra autoridad, ni siquiera el poder judicial.
Tras varios días de movilizaciones, Mursi se reunió con los magistrados de la judicatura a quienes habría expresado "su respeto por la independencia judicial", según el portavoz de la presidencia egipcia.
Y aunque Mursi aseguró que no dará marcha atrás en su decisión, la Hermandad Musulmana, el partido del presidente, desistió en la convocatoria a una manifestación de apoyo al gobierno "para evitar tensiones".
El último episodio del pulso político egipcio tras la caída del gobierno de Hosni Mubarak deja en evidencia los conflictos entre facciones y lleva a muchos a preguntarse dónde radica el poder en la nación norafricana.
Presidente
Cuando Mursi asumió el poder el 30 de junio de 2012 como primer jefe de estado de Egipto elegido de forma democrática, parecía tener relativamente poca energía.
Dos semanas antes, el entonces gobernante Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) había restauraba todos sus poderes legislativos hasta que hubiese nuevas elecciones para la cámara baja del parlamento, la Asamblea Popular, enmendando una decisión de marzo del 2011, promulgada tras el derrocamiento de Hosni Mubarak.
Dos días antes, los generales habían decidido disolver la cámara. Estaban alineados con la Suprema Corte Constitucional, la cual señaló que la ley que rigió las elecciones era inconstitucional.
El CSFA también se otorgó el control del presupuesto militar y del presupuesto nacional hasta que el parlamento se reuniese nuevamente. También asumió la responsabilidad en "todos los asuntos relacionados con las fuerzas armadas" y declaró que su cabeza debía servir como ministro de la Defensa hasta que una nueva constitución fuese redactada.
Una tercera enmienda dio a los generales -así como el presidente y al Consejo Supremo de la Magistratura- el poder de nombrar una nueva asamblea constituyente si ésta no lograba completar su trabajo y también para exigir la revisión de los artículos del proyecto de Carta.
El presidente quedó con autoridad sobre asuntos administrativos y domésticos, pero con los generales acechando en el fondo.
Tras la toma de posesión, Mursi se movió rápidamente para desafiar el poder militar.
El 12 de agosto, transfirió a la presidencia la autoridad que los generales habían asumido, incluyendo los poderes legislativos absolutos.
Mursi también hizo una serie de cambios de personal en importantes puestos militares, forzando el retiro del jefe de las fuerzas armadas y ministro de la Defensa. También reinsertó legalmente al presidente como jefe de la CSFA, posición anteriormente en manos de Mubarak.
La respuesta a los decretos de agosto de Mursi los decretos fue en general favorable. Los comentarios negativos provenían de sectores opuestos a la Hermandad Musulmana, el grupo islamico del mandatario.
Sin embargo, el 21 de noviembre hubo malestar generalizado cuando Mursi emitió un decreto de emergencia se concediéndose amplios poderes por encima de cualquier corte como el "guardián de la revolución" de Egipto.
Mursi también dio a la asamblea constituyente otros dos meses para finalizar la constitución y declaró que ni la asamblea, ni la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Shura, no podían ser disueltas por el poder judicial.
La movida fue presentada como un intento de satisfacer las demandas populares de justicia y proteger la transición hacia una democracia constitucional.
Parlamento
La cámara baja del parlamento, la Asamblea Popular, recibió el encargo, bajo la declaración constitutiva del 30 de marzo 2011, de determinar la "política pública del Estado, el plan general de desarrollo económico y social, y el presupuesto público del Estado". También debía supervisar el trabajo de la rama ejecutiva.
Sin embargo, en junio de 2012, el CSFA emitió un decreto de disolución de la Asamblea Popular, un día después de que la Suprema Corte Constitucional consideró inconstitucional la ley que rigió las primeras elecciones democráticas de Egipto en más de seis décadas.
Después, el CSFA se atribuyó todo el poder legislativo hasta que un nuevo parlamento fuese elegido. El decreto también le daba poder a los generales para conformar una nueva asamblea constituyente que redacte la nueva Constitución, en sustitución del panel de 100 miembros que había sido previamente seleccionado por el parlamento.
Nueve días después de asumir el cargo, el presidente Mursi emitió su propio decreto ordenando a la Asamblea Popular reunirse de nuevo, desafiando así la decisión del CSFA.
Mursi pidió a los generales respetar la voluntad popular que se expresó a través de elecciones libres.
Dijo que no estaba ignorando a la Suprema Corte Constitucional porque nuevas elecciones se celebrarían un mes después de que la nueva Constitución fuese aprobada, pero los jueces insistieron que sus decisiones eran "definitivas y no sujetas a apelación" y al final, Mursi se echó atrás.
El Consejo de la Shura no se vio afectada por el fallo de la Suprema Corte Constitucional o el decreto de CSFA, ya que sus elecciones eran distintas a las de la Asamblea Popular. El Consejo de la Shura es un órgano consultivo que sólo da su opinión en asuntos y proyectos de ley propuestos por el presidente y el gobierno.
Suprema Corte Constitucional
La Suprema Corte Constitucional decide sobre casos en que la constitucionalidad de una ley o reglamento es impugnada. Los jueces del tribunal han sido acusados de ser fichas de Mubarak, aunque el actual presidente, Maher al Beheiry, fue seleccionado por el tribunal entre los tres miembros de más alto rango, de acuerdo con una ley modificada por el CSFA año pasado.
La declaración constitucional del presidente Mursi de noviembre de 2012 desafió la autoridad de la Suprema Corte Constitucional, removiendo su facultad de decidir sobre la legitimidad de las leyes y decretos promulgados por él hasta que una nueva constitución ha sido ratificada y se celebren elecciones parlamentarias.
También detuvo la disolución de la Asamblea Constituyente y Consejo de la Shura.
Militares
Los militares siguen siendo la entidad gubernamental más poderosa en Egipto. Muchos dicen que opera como un estado dentro del estado.
Los tres presidentes que gobernaron Egipto antes de la revolución, junto con sus ministros de Defensa, todos tenían antecedentes militares y gozaban de poderes y beneficios inigualables en las fuerzas armadas, en particular, Mubarak.
El ejército tiene un personal de cerca de 460.000 miembros y tiene vastas posesiones de tierras y empresas. Juega un importante rol social, proveyendo empleos y un sentido de identidad nacional a muchos egipcios.
Las estimaciones en cuanto al tamaño de las industrias de propiedad militar varían - desde el 8% al 40% del producto nacional bruto- pero como sus ingresos, junto con el presupuesto de las fuerzas armadas, son secreto de Estado, ese dato no se conoce con certeza.
Las empresas no sólo producen equipos militares, sino también productos y servicios de consumo doméstico.
La mayoría de los gobernadores provinciales son oficiales retirados. Muchas de las grandes instituciones civiles y empresas del sector público están dirigidas por exgenerales.
El ejército también participa en importantes proyectos de infraestructura.
