Se detectó contratos ilegales por 429 millones de dólares.
La Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Pemex son las principales instituciones responsables de este mecanismo.
Irregularidades ya habían sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
El gobierno mexicano usa "empresas fantasma" para desviar recursos millonarios, afirmó el portal noticioso Animal Político y aseguró que ha detectado contratos ilegales por 7.670 millones de pesos (429 millones de dólares).
En un reportaje titulado "La estafa maestra", el medio digital indicó que, a través de 11 dependencias, el gobierno ha utilizado una y otra vez el esquema de las empresas ficticias para desviar recursos.
"Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y (la organización no gubernamental) Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones (192 millones de dólares)", apuntó.
Los 7.670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, "pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen".
Según la investigación, la Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular (2012-2015); el Banco Nacional de Obras, con el actual gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, al frente (2012-2015), y Petróleos Mexicanos (Pemex), en la gestión de Emilio Lozoya (2012-2016), son las principales instituciones responsables de este mecanismo.
"En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya", detalló.
El fraude "es más sofisticado" del usado por Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz de 2010 a 2016, hoy procesado por diversos delitos, ya que el gobierno no entrega directamente los contratos a las firmas, sino que utiliza como intermediarias a ocho universidades públicas, entre ellas la Autónoma del Estado de México y la de Morelos, señala el reportaje.
"Solo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos (55,9 millones de dólares) de 'comisión', aunque no hayan dado ningún servicio", añade el informe.
La publicación indicó que este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, "la investigación concluye y prueba que 3.433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma".
"Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido", indicó la publicación.
Peña Nieto trató de acallar críticas
El pasado 30 de agosto, el gobierno rechazó una nota del diario estadounidense The New York Times, según la cual el presidente Enrique Peña Nieto trató de acallar las críticas de MCCI.
De acuerdo con el rotativo, Peña Nieto le dijo al líder empresarial Claudio X. González Laporte que su hijo, presidente de MCCI, "debe dejar de ser tan crítico con el gobierno", durante una reunión celebrada en mayo con dirigentes industriales.
Al respecto, el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, quien dijo haber estado en la reunión con los empresarios, aseguró al autor de la nota del Times, Azam Ahmed, que el presidente no hizo ese comentario y negó un intento de coartar la labor de MCCI o de otra organización.
