El país europeo aceptó 98 de 137 recomendaciones que le hizo el Consejo de DD.HH.
Entre las propuestas rechazadas se cuenta la protección de los derechos laborales de los migrantes.
España reveló este martes que aceptó 98 de las 137 recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal al que se sometió en mayo.
Entre las proposiciones que fueron rechazadas, se cuenta la de investigar las desapariciones forzosas ocurridas durante el franquismo, y eliminar la detención incomunicada en su lucha contra el terrorismo, indicó el embajador español ante la ONU, Javier Garrigues.
"Los jueces y tribunales españoles instruyen y juzgan todas las denuncias sobre desapariciones que ante ellos se formulan, según los principios de independencia, responsabilidad y sometimiento exclusivo a la ley y el derecho", dijo Garrigues, aludiendo a la Ley de Amnistía de 1977, que impide investigar esos hechos.
En este sentido, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) lamentó en su intervención en la sesión, realizada en Ginebra, que el único perseguido en España en relación con los crímenes del franquismo sea precisamente quien ha tratado de investigarlos: el juez Baltasar Garzón.
"España va a juzgar finalmente a alguien en relación con los crímenes de la dictadura de Franco y de la Guerra Civil Española. Desgraciadamente, el acusado en el caso es Baltasar Garzón, el juez que trató de investigar dichos crímenes", dijo una representante de HRW ante el Consejo.
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| Human Rights Watch, presente en la sesión, criticó la “persecución” contra el juez Baltasar Garzón. |
Otras especificaciones
España también anunció hoy que "no puede aceptar" las recomendaciones de modificar la definición del delito de tortura o eliminar la figura de la detención incomunicada que existe para los acusados de terrorismo, peticiones que en esta jornada le reiteró la organización Amnistía Internacional (AI).
Garrigues dijo igualmente que el rechazo de España a firmar la Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los miembros de sus familias responde a que "se trata de un texto desequilibrado en dos sentidos".
"Por un lado, prima los intereses del los países de origen sobre los de destino y, por otro, no hace una diferencia clara entre los inmigrantes regulares y los que están de forma irregular", señaló el embajador, asegurando que "la no ratificación no supone un prejuicio para los derechos de los migrantes en España, pues la legislación española y los acuerdos internacionales que ha suscrito garantizan de manera muy generosa los derechos, entre ellos la cobertura sanitaria y la escolarización de los menores".
