César Nakasaki estima que el ex presidente peruano podría ser sentenciado a ocho años por peculado, pero confía en que será absuelto en los casos de DD.HH.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori no será absuelto en todos los procesos que se le siguen, asumió su abogado César Nakasaki, quien adelantó que puede ser condenado a ocho años de prisión, por el delito de peculado.
"Nuestro pronóstico global en todos los casos, evidentemente no es de absolución. Por eso hemos dicho que se reconocerá pena donde corresponde responsabilidad y se luchará inocencia donde corresponde", declaró Nakasaki a Radio Programas del Perú.
Fujimori (1990-2000) es procesado actualmente por violación a los derechos humanos, pero tienen pendientes otros juicios por corrupción.
Los casos que están incluidos en el proceso por peculado son el del espionaje telefónico, la compra de Cable Canal de Noticias y el pago de una indemnización de 15 millones de dólares a su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos.
Nakasaki destacó que su cliente será absuelto "por insuficiencia de pruebas" de los delitos de violación a los derechos humanos en los casos de Barrios Altos (1991) y la universidad La Cantuta (1992), donde fueron asesinadas 25 personas por el paramilitar grupo Colina.
El letrado agregó que no se ha probado la acusación de "autoría mediata" atribuida a Fujimori por la fiscalía porque las declaraciones de los ex integrantes del Colina, como testigos en el juicio, han sido contradictorias.
Varios de los ex militares han asegurado que la misión del grupo era aniquilar presuntos terroristas y que contaban con la aprobación de los altos mandos castrenses.
Aunque algunos han asegurado que su jefe operativo, Santiago Martin Rivas, tenía el visto bueno de Fujimori, ninguno pudo ofrecer una prueba fehaciente y de primera mano.
En tal sentido, Nakasaki concluyó en que la falta de pruebas desvirtúa la hipótesis según la cual Fujimori ordenó ambas matanzas.
El ex mandatario ya tiene una condena por seis años de prisión dictada en enero pasado por el ilegal allanamiento de la casa de la esposa de Montesinos, ocurrido en 2000, semanas después del escándalo de corrupción que puso fin a su Gobierno. (EFE)
