Corte Suprema aprobó ampliar la extradición del ex presidente peruano.
Desvío de fondos fue utilizado para su campaña de reelección, según la acusación.
La Justicia chilena dio su aprobación, por primera vez, para ampliar la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori y que este pueda ser juzgado en su país por un delito contra la administración pública, según un fallo al que accedió este jueves la Agencia EFE.
En una resolución de primera instancia, la jueza de la Corte Suprema María Eugenia Sandoval aprobó "la petición de extradición solicitada por el Gobierno del Perú por el delito contra la administración pública-peculado denominado caso Diarios Chicha".
El Gobierno peruano considera que Fujimori supo que las autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y del Sistema de Defensa Nacional desviaron fondos económicos asignados por el Tesoro Público por un monto aproximado de 122 millones de soles (unos 46,9 millones de dólares al cambio actual).
Ese dinero supuestamente sirvió para refinanciar su campaña de reelección presidencial para el período de 2000 a 2005, y con ese fin se habrían manejado los medios de prensa escrita denominados "Diarios Chicha".
Este fallo, firmado el pasado 14 de septiembre, debe ser revisado por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile, que tiene la última palabra. Esa revisión es obligatoria y para ello no es necesario que la defensa de Fujimori apele la decisión de la jueza Sandoval.
Proceso de extradición
Estos requerimientos judiciales se explican porque, según las normas que rigen los procesos de extradición, Fujimori no puede ser juzgado por delitos distintos a los establecidos en cada solicitud, por lo que para poder hacerlo la Justicia peruana debe hacer una nueva petición.
Tras renunciar a la Presidencia del Perú, Fujimori residió cinco años en Japón y en noviembre de 2005 llegó de forma inesperada a Chile, donde permaneció dos años.
A solicitud de la Justicia de su país, Chile lo extraditó en 2007 para que fuera juzgado por dos casos de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por los cuales fue condenado en 2007 a 25 años de prisión.
También fue extraditado para ser juzgado por cinco casos de corrupción, por los cuales recibió en su país penas menores, que no tienen consecuencias concretas, porque en Perú las penas no se acumulan, sino que prevalece la mayor.
En 2011, la Corte Suprema en dos ocasiones ampliar la extradición del ex mandatario para que fuera procesado en su país por delitos de malversación de caudales públicos con el argumento de que en Chile el delito no se encuentra sancionado con pena de cárcel superior a un año.
