Se le acusa por los crímenes de 25 personas, en Barrios Altos y La Cantuta.
Además, se pidió un pago de 33 millones de dólares en indemnizaciones.
El fiscal supremo titular de Perú, José Peláez, reafirmó el pedido de 30 años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori, por los delitos de homicidio calificado y contra el cuerpo, la vida y la salud, además del pago de 33 millones de dólares en indemnizaciones.
"Los hechos de asesinato revisten suma gravedad, y dadas las condiciones del acusado, no existe ninguna circunstancia atenuante", afirmó Peláez al concluir su alegato acusatorio contra el político, extraditado desde Chile en septiembre de 2007.
El delito de homicidio calificado responde al asesinato, cometido por el grupo militar encubierto Colina, de 15 personas en la zona de Barrios Altos en 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992.
En tanto que el delito contra el cuerpo, la vida y la salud es por los casos del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, quienes fueron secuestrados por el Servicio de Inteligencia del Ejército en 1992, después del "autogolpe" de Estado del ex mandatario (1990-2000).
El fiscal pidió también al tribunal que le imponga el pago de una indemnización de 100 millones de soles (33 millones de dólares) para las familias de las víctimas y una reparación de 300.000 soles (100.000 dólares) para ambos secuestrados.
"Los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros fueron llevados a cabo con una estructura de poder, aprovechando su condición de jefe de Estado", indicó Peláez, quien agregó que "son delitos sumamente graves que requieren una pena proporcional al nivel de responsabilidad" del acusado.
Tras concluir este miércoles la argumentación de la fiscalía, el próximo lunes empezarán a exponer los cinco abogados de la parte civil; después intervendrá la defensa de Fujimori y finalmente se pronunciará el acusado, mientras que la lectura de la sentencia está prevista para marzo próximo.
