Legislación pretende archivar los casos si en un periodo de 36 meses no se dicta sentencia.
Es un tema procesal que no detiene la marcha de la República, admitió.
El presidente de Perú, Alan García, dijo que no hará "una cuestión de Estado" si el Congreso de su país deroga el polémico decreto 1097 vinculado a los procesos a militares y policías por crímenes de lesa humanidad.
"¿Quiere el Parlamento derogarlo?, yo no hago cuestión de Estado, no es un tema de enorme dimensión que vaya a detener la marcha de la República, es un tema procesal", declaró el presidente García a la prensa tras un acto oficial en Lima.
"Yo no haré jamás oposición porque para eso es la democracia y, si no están de acuerdo o si creen que deben modificar algo para hacerlo más exacto, háganlo, pero háganlo de una vez", exigió el presidente García.
El Decreto Legislativo 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
El grueso de juicios que las Fuerzas Armadas y militares afrontan actualmente por casos de abusos a los derechos humanos son por hechos cometidos entre 1980 y 2000, cuando el Estado peruano combatió al terrorismo.
La polémica en torno a esa ley se acrecentó esta semana, después de que una veintena de miembros del grupo militar encubierto Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Fujimori (1990-2000), pidieron acogerse a este decreto.
