El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al ex mandatario Alberto Fujimori causó este martes las primeras consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.
Dos días después del indulto y derecho de gracia a Fujimori, presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.
En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori "no calificaba para la concesión de un indulto humanitario", mientras que Sánchez señaló que le resulta "insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas".
Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.
Pasos legales
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, informó que se ha hecho llegar un informe a la CorteIDH sobre el "ilegal indulto" al ex mandatario y solicitó una audiencia de supervisión de cumplimiento de condena.
Rivera dijo que la Corte "efectivamente puede tomar decisiones y hay que considerarlas como disposiciones de un órgano internacional, que el Estado peruano estaría obligado a cumplir".
De esto "hay antecedentes, en el sentido de que en el marco de intervención de la Corte Interamericana, cuando considera que hay un incumplimiento de sus decisiones, puede emitir disposiciones encaminadas a anular ese tipo de obstáculos", señaló el jurista.
