"Salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador, los políticos solo escriben una orden", afirmó el abogado de la presidenta de Perú, que es investigada por genocidio.
En los meses posteriores a la caída de Pedro Castillo, las protestas contra el nuevo Gobierno suman 77 muertos y más de 1.000 heridos.
Joseph Campos, abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó que es posible que las personas fallecidas en las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre y marzo pasados podrían haber sido "provocadoras de la situación en la que mueren".
En una entrevista con la cadena TV Perú, el el defensor de la mandataria afirmó que las muertes durante los disturbios deberán revisarse "caso por caso", añadiendo que "incluso puede ser, aunque parezca paradójico, que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere".
En tal sentido, Campos aseveró que puede tratarse de casos de legítima defensa por parte de los agentes de las Fuerzas de Seguridad al ser atacados por manifestantes y negó que su clienta, Boluarte, sea la responsable de las muertes: "Salvo Hitler, que era un autoritario y un dictador y él dirigía su guerra (...), los políticos solo escriben una orden".
"(El) cómo se implementa esa orden, lo hace alguien formado para ello", agregó, derivando la responsabilidad en los policías y militares encargados de la respuesta armada esos días y calificando las acusaciones contra la presidenta de "ataque político".
El Ministerio Público de Perú creó un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas antigubernamentales.
Por estos casos, Boluarte y varios de sus ministros y exministros están siendo investigados preliminarmente por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En cuatro meses, las protestas en Perú han sumado un saldo de 77 personas fallecidas y más de 1.000 heridas, lo que ha llevado a diferentes organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos a denunciar un uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Según la Defensoría del Pueblo, 49 manifestantes murieron durante enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras.
Boluarte confirmó otro fallecimiento de un paciente que quedó retenido en los bloqueos, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el deceso de un bebé nonato, mientras que la Policía reportó la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad.
El primer ministro, Alberto Otárola, confirmó el 19 de enero la muerte de cuatro ciudadanos haitianos y días más tarde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) elevó la cifra a siete ciudadanos de ese país que quedaron varados, expuestos a adversidades climáticas y limitado acceso a servicios básicos.
Además, el 6 de marzo se confirmó la muerte de seis militares que se ahogaron al intentar cruzar un río, supuestamente para evitar un enfrentamiento con manifestantes de la región sureña de Puno.
