El ex presidente y parte de su gabinete serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.
Las protestas dejaron dos jóvenes asesinados, casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos.
Manuel Merino y varios miembros de su efímero Gobierno (10-15 de noviembre) serán investigados de manera preliminar por la comisión de delitos en el contexto de violación a los derechos humanos, según informó este lunes la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
En un comunicado, la máxima responsable del Ministerio Público anunció que Merino, ex presidente de la República y congresista; su primer ministro aún en funciones, Ántero Flores-Aráoz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, también en funciones, serán investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves y desaparición forzada.
Estos delitos, según la tesis fiscal, se habrían cometido en un contexto de acciones para violar los derechos humanos, lo que según la ley peruana constituye un agravante que entre otras cosas impide la prescripción de los delitos.
También abre la posibilidad de establecer una "cadena de mando" en la represión que causó las muertes, habilitando una condena al expresidente o sus ministros si se demuestra que hubo órdenes para la represión u omisiones para prevenirla.
La investigación abordará la brutal represión dirigida por el Gobierno de Merino a las movilizaciones ciudadanas que se sucedieron de forma ininterrumpida desde que el lunes asumiera la presidencia hasta el domingo, cuando el exmandatario anunció su renuncia incapaz de resistir la presión de las calles, su pérdida de apoyos políticos y la virtual disolución de su gabinete ministerial.
Esa represión de las protestas dejó un saldo de dos jóvenes asesinados por disparo de arma de fuego, los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años; casi un centenar de heridos y decenas de desaparecidos, cuyo destino aún mantiene en vilo a la sociedad peruana pese a que muchos de ellos ya comienzan a reportar su paradero, libres de daño.
Aún así, organismos de defensa de los derechos humanos reportan que hasta seis jóvenes que se manifestaron el sábado en el centro de Lima aún no han sido ubicados y nadie sabe en dónde están.
"La Fiscalía de la Nación renueva el compromiso de garantizar los derechos ciudadanos y en poner nuestro máximo esfuerzo para que los graves hechos sean esclarecidos y sancionados", afirmó Ávalos en su comunicado.
Más allá de las investigaciones a los responsables políticos de estos hechos, la Fiscal de la Nación también anunció la apertura de una investigación preliminar "contra los que resulten responsables de homicidio doloso" por los casos de Pintado y Sotelo, unas muertes que aseguró "no quedarán impunes".
Las investigaciones también se seguirán "contra quienes resulten culpables de los delitos de desaparición forzada", por lo que el Ministerio Público ordenó ya varias diligencias al Instituto de Ciencia Legal y otras oficinas de peritaje para que inicien la búsqueda.
En ese sentido, la fiscal indicó que ya se está revisando la información extraída de las cámaras de seguridad de las zonas donde se produjeron los hechos.
También se estableció que la fiscalía forme equipos de trabajo de fiscales con el fin específico de recorrer comisarías y cuarteles para averiguar si allí se encuentran algunos de ellos.
Esta investigación fiscal responde a una denuncia por esos mismos delitos que presentaron en la noche del domingo hasta ocho organismos defensores de los Derechos Humanos ante el Ministerio Público.
Esas denuncias incluían también al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas.
La denuncia indicaba también que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones y señalaron que algunas mujeres sufrieron abusos sexuales tras ser detenidas.
La durísima represión lanzada por la policía, particularmente en la marcha del sábado pasado, fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió "investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades".
