Un juez supremo peruano autorizó el levantamiento del secreto bancario del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y de dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, en el marco de una investigación en su contra por presunta corrupción, informaron este viernes medios locales.
La medida fue adoptada por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de que se venciera el plazo para apelar la decisión que tomó su despacho el pasado 10 de noviembre, "sin que las partes hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno".
En ese sentido, el juez dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones levante el secreto bancario de los implicados y remita toda la información solicitada por la Fiscalía, tal como el estado de depósitos de ahorros, cuenta corriente, a plazo y compensación por tiempo de servicios (CTS); transferencias locales y al extranjero; y solicitudes de cartas fianzas y tramitadas, con su posterior respaldo financiero, así como cualquier forma de ahorro e inversión y de operación importe cargada o abonada.
LOS IMPUTADOS
Las tres ex autoridades de Estado son investigadas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
Juan Silva se mantiene prófugo de la Justicia, mientras que Castillo y Alvarado cumplen 36 meses de prisión preventiva en la investigación que se les sigue por presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en el departamento amazónico de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la petrolera Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Por esta razón, el juez Checkley también declaró fundado el pasado 16 de noviembre, en parte, el requerimiento de la Fiscalía de levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo, tales como llamadas y mensajes de texto.
Castillo asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2021 y ocupó el cargo hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado.
Desde entonces, cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, así como otros 36 meses de prisión preventiva en la investigación por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
