Martín Vizcarra convocó al Parlamento a una votación este miércoles.
Si pierde la cuestión de confianza, el mandatario puede disolver el Congreso.
Los proyectos no han avanzado tras su presentación hace 40 días.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este domingo que presentará al Congreso una cuestión de confianza sobre la reforma constitucional y judicial planteada por el mismo mandatario el mes pasado, tras considerar que el fujimorismo la ha intentado dilatar y desvirtuar en el parlamento.
En un mensaje emitido por televisión en horario de máxima audiencia, el mandatario convocó de manera extraordinaria al pleno del Congreso este miércoles para que vote, con carácter de cuestión de confianza, los cuatro proyectos de ley presentados por él mismo al parlamento hace más de cuarenta días.
En caso de perder la cuestión de confianza, Vizcarra estaría facultado constitucionalmente para clausurar el parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas, por ser el segundo Gobierno vetado por el parlamento en un mismo período presidencial tras el censurado hace un año a su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski.
Las normas propuestas por el presidente están sujetas a un referéndum que el gobernante ha fijado para el 8 de diciembre, el mismo día de la segunda vuelta de las elecciones regionales que este año se celebran en el país.
Estas iniciativas legislativas consisten en la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desmantelado tras revelarse una red de corrupción judicial en las altas esferas de la judicatura, la no reelección inmediata de los congresistas, la restitución del Senado y un sistema transparente para la financiación de los partidos políticos.
"Estos no son proyectos del Presidente de la República, sino que responden a claras demandas de la ciudadanía, que en una enorme mayoría quiere expresarse, participar y decidir", afirmó Vizcarra.
Críticas al fujimorismo
El presidente lamentó que el Congreso, dominado con mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular, no haya emitido hasta ahora dictamen alguno en ninguna comisión parlamentaria sobre sus proyectos de ley.
"Por el contrario, hemos visto congresistas tratando de dilatar y desnaturalizar los proyectos, con absurdas modificaciones que, de aprobarse los transformarían en proyectos inútiles y perjudiciales para el país", advirtió.
En ese sentido, Vizcarra criticó que el fujimorismo intentara modificar sus propuestas para que el mismo parlamento eligiese a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), prerrogativas que hasta ahora correspondían al CNM.
"Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas", señaló.
También denunció que el fujimorismo quisiese impedir al nuevo CNM investigar la corrupción e irregularidades de sus predecesores, la misma que comparó con la gran trama de corrupción que había en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), liderada por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
"Han pasado ya 18 años desde que el país fue consciente de la grave crisis institucional. Sin embargo, hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido? (...) Con mucha preocupación e indignación, volvemos a ser testigos de una situación similar", apuntó.
Tensión entre Vizcarra y el Congreso
La cuestión de confianza es el último capítulo de una creciente escalada de tensión entre Vizcarra y el Congreso desde que el 28 de julio anunciase el referéndum para la reforma constitucional y judicial en un discurso ante el pleno del parlamento.
El escándalo de corrupción judicial que llevó a Vizcarra a impulsar la reforma del sistema de justicia salpicó al fujimorismo, incluida a su líder, Keiko Fujimori, y al parlamentario Héctor Becerril, uno de sus principales portavoces.
En la red de corrupción, desvelada desde julio por grabaciones de conversaciones telefónicas, participaban magistrados, políticos y empresarios que incurrían en presuntos delitos de tráfico de favores e influencias, prevaricación y cohecho.
