La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad uruguaya solicitó el procesamiento con prisión para cinco exmilitares por delitos vinculados a la privación de libertad, supresión de estado civil y abandono de dos niños durante la dictadura cívico-militar del país (1973-1985).
Además, también pidió el arresto preventivo de un sexto hombre, para extraditarlo desde Argentina, por entender que actuó en los mismos delitos, según explicó este miércoles a Efe el fiscal a cargo, Ricardo Perciballe.
Perciballe detalló que los niños fueron privados de la libertad en Argentina, donde "se los mantuvo en un centro clandestino" y se les suprimió la identidad, para que luego fueran abandonados en Chile.
"En resumen son: dos delitos de privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración, esto quiere decir que es para ocultar el otro delito, con dos delitos de supresión de estado civil y a su vez esto don dos delitos de abandono de menores", aclaró Perciballe.
Según explica la solicitud de Fiscalía, los hechos datan de 1976 cuando, en el marco del Plan Cóndor, fuerzas combinadas de Argentina a cargo de la Secretaría de Información del Estado (SIDE) y del Uruguay, a través del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisuversivas (OCOA), detuvieron en Buenos Aires a un número importante de integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay.
Tras esta operación, los detenidos fueron llevados al centro clandestino "Automotores Orletti" y allí "fueron sometidos a los más crueles y aberrantes tormentos, así como a un trato degradante y humillante".
Los hermanos Anatole y Victoria Julien fueron secuestrados en Buenos Aires junto a sus padres (que aún se encuentran desaparecidos). Posteriormente, los niños fueron trasladados a Uruguay para luego ser llevados Chile donde los abandonaron en una plaza en Valparaíso.
Si bien resta realizarse la audiencia para que los acusados ratifiquen su declaración indagatoria y así luego el juez pueda estar en condiciones de resolver, Perciballe especula que los involucrados realizarán una acción de inconstitucionalidad de la ley de Pretensión Punitiva del Estado para paralizar las acciones hasta que la Suprema Corte de Justicia se expida.
Dicha ley restablece los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985.
Los exmilitares José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Jorge Silveira, y Gilberto Vázquez son los acusados por la Fiscalía y ya han sido condenados por otros delitos durante la dictadura.
Uno de ellos, de características similares a estas acusaciones, ya que se trata de la situación de la diputada por la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio, Macarena Gelman, quien es hija de dos detenidos desaparecidos y también fue separada de sus padres por los exmilitares.
El Plan Cóndor fue creado en 1975 por parte de los organismos represivos de los países del continente a efectos de reprimir todos aquellos grupos contrarios a las dictaduras instauradas en el cono sur.
