El Gobierno de Michelle Bachelet decidió escalar el cruce de declaraciones con la administración de Nicolás Maduro y advirtió que seguirá abogando por que al periodista chileno-venezolano Braulio Jatar -detenido hace más de una semana en Isla Margarita- se le den garantías de un "debido proceso".
A través de una declaración publicada en su página web, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de manera "categórica" la forma en que, más temprano, su homólogo venezolano "atacó la decisión de Chile de velar por los derechos del connacional Braulio Jatar"; donde acusó un "inamistoso accionar", "presiones de la burguesía pinochetista", "inadmisible injerencismo" y "falta de recato diplomático".
"El Gobierno de Chile no acepta la aseveración de que la preocupación manifestada por la situación de los derechos humanos del Sr. Jatar constituye un supuesto 'inadmisible injerencismo' en los asuntos internos de Venezuela. Hoy está suficientemente establecido que la promoción y defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, es un asunto de legítima preocupación internacional y, de hecho, constituye una conquista de la comunidad internacional", advierte la nota oficial.
El Ejecutivo advierte que la declaración difundida por el Gobierno de Maduro esta tarde "anticipa juicios en relación a las imputaciones formuladas contra el Sr. Jatar, las que, en un sistema democrático de derecho, sólo pueden ser dirimidas en el marco de un proceso llevado a cabo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, debiendo garantizarse al imputado la presunción de inocencia".
La Cancillería también hace presente "que el Sr. Jatar hace más de una semana no ha tenido la posibilidad de contactarse con su abogado, lo que constituye una vulneración adicional a las normas del debido proceso".
Finalmente, el Gobierno de Chile advierte que "persistirá en su exigencia al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que dé cumplimiento a las garantías aplicables a la detención de toda persona, a las cuales el Gobierno de ese país se encuentra obligado en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos".
