La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del ministro en visita Manuel Antonio Valderrama de cerrar la investigación por las cuentas secretas y el origen de la fortuna ilícita de Augusto Pinochet en el marco del llamado "caso Riggs".
A una década de estalllarse el escándalo, el tribunal de alzada ratificó la decisión de Valderrama, quien cerró el sumario por considerar que las diligencias ya estaban agotadas.
Los peritajes establecieron que la fortuna injustificada de Pinochet llegó a los 20 millones de dólares, quedando absueltos tanto la viuda, Lucia Hiriart, y sus hijos, gracias a un fallo de la Corte Suprema que en 2007 que acogió un recurso de amparo tras cumplirse un año de la muerte del ex dictador.
Quedan en calidad de procesados bajo cargos por malversación de caudales públicos seis oficiales en retiro que actuaron como secretarios personales de Pinochet: los generales Jorge Ballerino, Ramón Castro y Sergio Romero y los coroneles Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Juan Maclean.
La familia Pinochet no pudo ser imputada por el magistrado, ya que la Corte de Apelaciones rechazó dicha instancia porque el Servicio de Impuestos Internos no se había querellado nunca contra la viuda y los hijos del ex dictador, quien quedó también sin ninguna acusación penal tras su muerte.
El magistrado además apuntó que los bienes embargados a la familia Pinochet podrán servir para reparar el daño al Fisco.
"Ya la investigación se da por agotada y de ahí que vino el cierre del sumario. A juicio de este tribunal se cumplieron todos los trámites investigativos pertinentes", sostuvo.
"Los bienes están embargados, bienes inmuebles y dinero, y eso se va a determinar en la sentencia definitiva cuando ya haya certeza de parte del tribunal en la responsabilidad que les cabe a los acusados", aseveró.
Las cuentas fueron descubiertas en el año 2004 por una subcomisión del Senado estadounidense que efectuaba investigaciones tras el ataque de las Torres Gemelas en 2001.
Valderrama entra a la etapa de escribir la acusación contra los seis uniformados en retiro y dictar la sentencia de primera instancia.