La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó este jueves una demanda colectiva contra las papeleras CMPC y SCA (ex PISA) por la denominada colusión del papel higiénico.
La acción, que se adelantó a la del Sernac, busca compensar a los consumidores que se vieron afectados por el escándalo protagonizado por estas empresas, que celebraron y ejecutaron acuerdos con el objeto de asignarse cuotas de participación de mercado y fijar precios de venta de sus productos por más de 10 años.
La agrupación adjuntó a su requerimiento dos informes económicos, elaborados por ex economistas de la Fiscalía Nacional Económica, que proyectaban los daños provocados a los consumidores por la asociación entre las empresas.
El primero de ellos cifró en $510 millones de dólares el daño ocasionado a los consumidores, mientras que el segundo, elaborado por Gonzalo Escobar, establece un monto de $465 millones de dólares de perjuicio.
El abogado Mario Bravo, explicó que el objetivo de la acción es obtener "lo que esperan todos los chilenos, que es que se reparen los perjuicios que se causan por las actuaciones que son totalmente reñidas con el buen comportamiento que debe tener una empresa que, en el fondo, no debe engañar a los consumidores".
"Aquí se han unido y distribuido mercados, todas actuaciones que están prohibidas por la ley, con el único fin de perjudicar; aunque ellos pueden decir que el único fin no era perjudicar, era ganar más, pero eso obviamente perjudicó a los consumidores, porque han obtenido un producto con un precio que no corresponde al real", agregó.
Sernac continuará con mediación colectiva
Desde el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, señalaron en tanto que continuarán adelante con la mediación colectiva con CMPC, sin descartar la posibilidad de entablar acciones judiciales.
El director del organismo, Ernesto Muñoz, señaló que "para que una mediación colectiva sea exitosa, debemos contar con la disposición de la empresa de entregar la información. Si en cualquier momento nosotros detectamos que esta disposición no existe, a pesar de la declaración general, nosotros no continuaríamos con la mediación colectiva".
"Por eso hemos citado a los representantes de la empresa, para la próxima semana, para que nos hagan llegar esta información", añadió.
Por su parte la Corte Suprema emitió un informe en donde se analizó el proyecto de anticolusión que se discute actualmente en el Congreso.
El documento insta a los parlamentarios a definir sanciones y multas claras en la normativa; además incluye un espaldarazo al mecanismo de la delación compensada, donde se estableció que "es un aporte invaluable para desbaratar carteles".