El diputado Henry Leal (UDI), presidente de la comisión investigadora que aborda las pensiones de gracia del estallido social, anunció su intención de solicitar al Gobierno que estos beneficios sean revocados en caso de corresponder a personas condenadas.
Lo anterior, después de que Ex-Ante revelara en la víspera que Andrés Fuica Fuica, sentenciado por saquear un supermercado durante octubre del 2019, es una de las 418 víctimas de hechos cometidos por agentes del Estado que recibe esos fondos.
Por lo demás, el medio dio cuenta de que un decreto del Ministerio del Interior elevó la pensión de Fuica hasta los 504.069 pesos mensuales.
Según las cifras dadas a conocer en la comisión investigadora en septiembre, otras 40 personas de los 418 beneficiados han sido condenadas por distintos delitos, entre ellos, algunos cometidos durante el mismo estallido social.
En la semana previa a la votación del informe final de esa instancia, el diputado Leal consideró "inaceptable" este nuevo caso, recordando en La Tercera que "hace algunas semanas nos enteramos que se le entregó a una persona que estaba prófuga de la Justicia (Juan Francisco Villalobos); ahora a una persona condenada por haber saqueado, robado en un supermercado en el contexto del estallido social".
"Creo fundamental que el Gobierno se allane a lo que la comisión va a proponer, que es anular, dejar sin efecto las pensiones entregadas a personas condenadas (...) La próxima semana se vota el informe en la Cámara y esperamos contar con el apoyo mayoritario de los diputados. Esto es impresentable, no puede seguir ocurriendo, tienen que ser dejadas sin efecto estas pensiones de gracia. El Gobierno lo puede hacer a través de otro decreto, invalidar una resolución anterior", aseveró el gremialista.
OPOSICIÓN ALEGA "POCA RIGUROSIDAD"
Coincidió con Leal su par de Amarillos Andrés Jouannet, acusando que el beneficio otorgado a Fuica "demuestra la poca rigurosidad, el amateurismo de este Gobierno, pero sobre todo que hay una mirada complaciente por ciertos grupos marginales que se mueven ciertamente entre el delito y el desorden público, y eso en definitiva contamina mucho al Gobierno".
A su vez, el también integrante de la comisión Andrés Longton (RN) afirmó que "el Ejecutivo no tiene excusas y debe dar explicaciones: actuando rápido, invalidando o revocando este beneficio, o bien mandando un proyecto de ley que revierta esta decisión", al tiempo que hizo ver que "a esta persona ni siquiera se le acreditó como víctima en el juicio que se llevaba adelante".
"Una persona con antecedentes penales entre otros por violencia intrafamiliar, tendría que haber tenido una revisión más acuciosa, cosa que no ocurrió, al igual que con el indulto de Luis Castillo. A estas alturas ya pareciera que este actuar del Gobierno es deliberado", reprochó.
El diputado Diego Schalper (RN) añadió que "hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca es terminar con el verdadero abuso que se ha cometido con pensiones asociadas al estallido social. Tenemos la convicción de que lo que allí aconteció y esos hechos de violencia tienen que ser considerados realmente como algo que agravó y perjudicó a personas concretas y que malamente pueden dar pie a personas beneficiadas con pensiones de gracia".
"Por lo tanto, este proyecto lo que busca es regularizar esa situación, dejarle claro al Instituto Nacional de Derechos Humanos que su trabajo es velar por todos los derechos humanos", recalcó.
GOBIERNO BUSCA LEGISLAR EN LA MATERIA
El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, anticipó en El Mercurio que respecto a estos casos, "hay un proyecto de ley en trámite en el Congreso y yo tengo que ir la próxima semana a la Comisión de Desarrollo Social en donde hay varias mociones", sesión en la cual ingresará indicaciones "que buscan dos cosas que a partir de la experiencia histórica nunca han sido consideradas".
"Una es la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas antes de tomar la decisión de entregar un beneficio como la pensión de gracia, y lo segundo es la necesidad de revocarlas cuando la persona que fue objeto de ese beneficio comete un delito o un crimen y es condenada", explicó.
La autoridad relevó que aquel aspecto no está regulado por ley: "Existen algunos decretos en donde sin certeza jurídica podría eventualmente considerar que si cambian las condiciones en las cuales fue entregado el beneficio podría la autoridad revocarla, pero sólo coloco un dato: nunca en la historia una pensión por gracia ha sido revocada. Por lo tanto, revocarla requiere de una certeza jurídica que hoy día no existe", remató.
