Este martes, una delegación chilena expuso ante 83 miembros de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, sobre la situación en el país en materia de derechos humanos.
La representación nacional estuvo compuesta por el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda; el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch; el ministro de Justicia (s), Juan Ignacio Piña; y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries.
Según lo informado este miércoles por La Tercera, la delegación leyó un informe con la realidad chilena en la materia, tras lo cual recibió observaciones, recomendaciones e inquietudes de cada uno de los asistentes, sobre todo en el trato a los pueblos originarios.
La directora del INDH relató que "los temas que más se tocaron en términos de preocupación de parte de la comunidad internacional y en términos de recomendaciones por parte de los estados tuvieron que ver con pueblos indígenas".
"Hay varios estados, incluyendo Estados Unidos, que llamaron a no aplicar la Ley Antiterrorista, otros plantearon reformarla. También se criticó el proceso de restitución de tierras como una falencia o un déficit del Estado. Y se habló de la necesidad de generar instancias de participación política de los pueblos indígenas, que no sólo estén referidos a consultas", añadió Fries.
Al respecto, Juan Ignacio Piña, relató que "nos preguntaron por la relación con nuestros pueblos indígenas y ahí el ministro Baranda hizo una muy interesante explicación sobre la política de transferencia de tierras y de todos los programas de desarrollo que su ministerio ha ido coordinando".
"Hubo tantas preguntas como recomendaciones y tuve la oportunidad de explicar las sucesivas modificaciones que ha tenido esta ley y que ha permitido acotar su ámbito de aplicación. Los números demuestran que su aplicación no es discriminatoria ni se dirige contra los pueblos indígenas", añadió el secretario de Estado.
Otras temáticas abordadas
De acuerdo a lo comunicado por Piña, también "se repitió mucho la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación y nosotros ahí manifestamos, con bastante claridad, cuál es la opinión del Estado chileno respecto del tema y que, por lo tanto, esa no es una línea donde se puedan esperar muchos avances".
Por último, Lorena Fries añadió que también se criticó "la definición de discriminación, la cual es bastante más restrictiva que la que tiene el sistema de Derechos Humanos. Además, se pidió reforzar mucho más las políticas públicas a partir de dicha ley".
Esta es la segunda vez que una delegación chilena participa de esta instancia. La primera ocurrió en 2009, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet.