La Fundación Salvador Allende y Londres 38, espacio de memorias, hicieron público este miércoles un archivo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que da cuenta de una extensa red de vigilancia a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas durante la dictadura.
Se trata de 429 documentos del organismo represor que reemplazó a la DINA y que fueron hallados en 2005, cuando trabajadores realizaban labores de recuperación arquitectónica en la casona de República 475 -donde la CNI tuvo su cuartel general-, que hoy es ocupada por la Fundación Salvador Allende y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
Los documento permanecían escondidos entre el techo falso y el altillo del antiguo recinto. "Si no hubiéramos decidido levantar el cielo jamás lo hubiéramos descubierto. Es por eso que creemos que alguien lo escondió allí para que fuera encontrado más tarde", explicó hoy en una conferencia de prensa Miguel Lawner, arquitecto y miembro de la Fundación.
Según destacó Lawner, uno de los datos relevantes que qeudan de manifiesto con la desclasificación de este archivo es el elevado presupuesto previsto para la organización en 1982, que según muestra un borrador, contaría ese año con más de 72 millones de dólares.
"Al contrario de lo que el dictador dijo durante todo el tiempo, estos documentos desvelan que la CNI no era una agencia clandestina, sino que dependía directamente de la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior", señaló.
María José Pérez y Miguel Lawner. (Foto: Agencia UNO)
El archivo muestra que las labores de vigilancia se desarrollaron en todas las regiones de Chile, desde Arica hasta Magallanes. Entre las láminas y documentos encontrados hay informes de agentes que hacían seguimientos a personas y a dirigentes civiles y sindicales, lo que, según los representantes de la Fundación, demuestra que la represión estuvo también dirigida a la sociedad civil y no sólo a los resistentes políticos.
"Había control y vigilancia permanente sobre sindicatos, juntas de vecinos o poblaciones. De ello se deduce que lo que le sucedía a las víctimas de la represión también le ocurría al resto de la sociedad a través de la acción de estos aparatos de represión", señaló el periodista y miembro de la fundación Londres 38 Libio Pérez.
Campaña por la verdad
El archivo desclasificado hoy no corresponde a la totalidad de lo encontrado en septiembre de 2005. La mayor parte del hallazgo fue incautado ese mismo día por la Policía de Investigaciones y luego entregado al juez Hugo Dolmetsch, que investigaba casos de violaciones a los derechos humanos.
"Estamos hablando de una documentación cuantiosa de la que hoy nosotros hacemos pública una parte -alrededor de un 10 por ciento de la totalidad de este archivo de la CNI- y creemos que es importante seguir exigiendo que se haga pública la totalidad del archivo que, después de 10 años, sigue en manos de la Justicia", dijo María José Pérez, coordinadora de Londres 38.
Según Miguel Lawner, que todavía no se hayan devuelto todos los documentos a la Fundación demuestra que "aún subsiste el complejo de no agraviar a las Fuerzas Armadas más allá de lo que se estime necesario".
"La transición de un régimen dictatorial tan monstruoso no debe admitir justicias mínimas y no debe tolerar que se oculte la verdad", insistió, criticando que la Justicia tarde tanto en devolver estos documentos a la sociedad.
Londres 38 impulsa una campaña para terminar con los archivos secretos de la dictadura.
Si se pudiera acceder a la totalidad de ellos -según los miembros de la Fundación- se podría tener una idea del funcionamiento y estructura de la CNI y del flujo de informes que intercambiaba.
"La búsqueda de estos documentos es importante para conocer más verdad sobre los crímenes de la dictadura, así como avanzar en las causas judiciales que permitan castigar a los responsables de estos delitos", señala Londres 38 en su página web.
"Manifestamos nuestra firme decisión de seguir buscando los documentos faltantes de este conjunto que, como se supo en su momento, fue incautado por la Policía de Investigaciones y luego entregado al juez Hugo Dolmetsch. Le corresponde al magistrado explicar cómo ha usado este archivo en sus investigaciones judiciales, así como definir la forma en que devolverá este archivo histórico para su conocimiento público", agrega la organización.
Londres 38 hace además un "llamado al Gobierno y a los organismos del Estado a que adopten medidas conducentes para alcanzar la verdad y la justicia a través de la desclasificación y apertura de los siguientes archivos:
- Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech) que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar a los culpables.
- Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia".
