La intención del Gobierno para levantar el secreto del Informe Valech tiene como finalidad ayudar en el trabajo que realizará el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, presentado la semana pasada en el marco de la próxima conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende y dio inicio a la cruenta dictadura de Pinochet (1973-1990).
Así lo explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, esta mañana en la excárcel de Valparaíso, hoy convertida en un parque cultural, hasta donde llegó junto a sus pares de la Segpres, Álvaro Elizalde, y de las Culturas, Carolina Arredondo.
Fue en 2003 cuando el entonces Presidente Ricardo Lagos mandató la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, a cargo del sacerdote Sergio Valech, al que debe su nombre, con la idea de aclarar las identidades de quienes fueron víctimas de torturas y privación de su libertad por motivos políticos durante la dictadura.
Por seis meses, la instancia escuchó a más de 36 mil personas y logró calificar a 27.225 como víctimas durante ese periodo. Sin embargo, el Estado asumió el compromiso de no publicar los vejámenes a los que fueron sometidos las víctimas de crímenes de lesa humanidad; una decisión históricamente cuestionada por organismos de DDHH que han pedido revertirla.
En ese marco, Cordero presentó en Valparaíso una agenda legislativa con proyectos en la materia, que abordarán la calificación jurídica de una persona ausente por desaparición forzada, la tipificación de ese delito y también el alzamiento del secreto del Informe Valech.
"El levantamiento parcial consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de los informes Valech I y II, en los mismos términos que los tiene actualmente el instituto Nacional de Derechos Humanos", expuso.
"La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes, previo consentimiento de las víctimas o sus herederos", aclaró.
El ministro sostuvo que, "de igual modo, se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto, en los mismos términos en que ha venido sucediendo en la actualidad", sentido en el cual precisó que, "del total de víctimas, actualmente se han requerido un poco más de 8.000 carpetas con sus testimonios y sus antecedentes".
También se buscará permitir "la posibilidad de que, respetando la voluntad de las víctimas, (a través de) los Tribunales de Justicia se pueda permitir el acceso a los antecedentes, al igual como sucede en el caso de Valech II", agregó Cordero.
Mientras que el ministro Elizalde comentó: "En esto quiero ser bien enfático y el ministro Cordero también lo fue: son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información, de hecho en la actualidad pueden requerir su carpeta con todo su testimonio, y adicionalmente los tribunales de justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante, pero al mismo tiempo, nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Valech pudiera entregar antecedentes adicionales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda".
Reiteró un punto "bien importante: si una víctima obviamente se opone, está en su legítimo derecho y nosotros siempre vamos a respetar finalmente las decisiones de las víctimas".
EL PRESIDENTE ESTÁ "TRAICIONANDO" A VÍCTIMA, DICE LA DERECHA
La iniciativa fue cuestionada por la diputada RN Ximena Ossandón, quien señaló que le parece "impresentable que sea el propio Presidente de la República quien esté traicionando a todas aquellas personas que decidieron usar este mecanismo y no ir a los tribunales de justicia".
"Le pediría al Presidente que tuviera más cuidado, más cautela en este afán de protagonismo, yo creo que se le está pasando la mano", puntualizó la integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.
Por su parte, la diputada oficialista Carmen Hertz (PC) declaró que "a nosotros nos parece extraordinariamente positivo en lo que dice relación con el Plan Nacional de Búsqueda, y mantener secreto sobre esos testimonios es contrario absolutamente a los estándares internacionales, porque equivale a un verdadero pacto de silencio".
Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.
Las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas. Hasta la fecha, según las autoridades, solo 307 cuerpos han sido hallados.
