El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago aseguró en una entrevista con el diario español El País que recibió múltiples presiones para no encausar al ex dictador.
"Los políticos de la Concertación podían aguantar todos los juicios del mundo menos uno: Pinochet", sentenció el ex juez Juan Guzmán al ser consultado por el diario español El País si el Gobierno de Ricardo Lagos sólo aspiraba a lograr justicia en forma simbólica, respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
Ante la pregunta si podría "describir quiénes ejercieron las presiones para encontrar un atajo y salvar a Pinochet y otros acusados" en casos de derechos humanos, Guzmán respondió directamente, involucrando a políticos y funcionarios estatales, entre ellos un ex ministro del Interior.
"Las presiones fueron intensas durante casi todo mi trabajo. Primero recibí una serie de recomendaciones en torno a la figura del general Sergio Arellano Stark, a quien estaba por procesar, en 1999, en el caso Caravana de la Muerte, por 75 crímenes (57 ejecuciones y 18 secuestros permanentes)", apuntó.
Guzmán expresó que "el senador Adolfo Zaldívar, actual presidente de la Democracia Cristiana (DC), intentó persuadirme con los argumentos de que Arellano era muy católico y de que se trataba de un hombre honorable, afín a la tendencia política democristiana, ya que había llegado a ser edecán del presidente Eduardo Frei Montalva en 1970. Según Zaldívar, Arellano, a quien se le conoce como 'El Lobo', no podía estar implicado en los delitos que yo le estaba imputando tras tomarle declaración y someterle a varios careos".
"(Zaldívar) me explicó que según la jurisprudencia de la Corte Suprema, la ley de Amnistía cubría las acciones de Arellano. Zaldívar vino dos veces a mi casa del barrio de Providencia. Y quedó en venir una tercera, en compañía del entonces senador Enrique Krauss (ex ministro del Interior de Patricio Aylwin y actual embajador de Chile en España). Me anunció esa visita, pero finalmente no acudió. Adolfo Zaldívar trafica con influencias", sentenció.
El abogado, de 65 años, también señaló que en el Ejército existió la intención de establecer un contacto con él.
"En cierto momento, antes de procesar por vez primera a Pinochet, el viernes 1 de diciembre de 2000, el alto mando del Ejército quería reunirse conmigo. El general Patricio Chacón, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, cuando Ricardo Izurieta era comandante en jefe, me envió un mensaje a través de uno de los abogados de Pinochet, el jurídico militar Gustavo Collao. El general Izurieta, o el alto mando, quería reunirse conmigo. Pero no acepté", evocó.
"¿Hubo presiones del Gobierno de la Concertación?", cuestiona El País.
"Una de las personas que lo intentaron, como he dicho, fue el ex ministro Carlos Figueroa Serrano. Recuerdo también que tras dictar el primer auto de procesamiento de Pinochet me llamó Luis Horacio Rojas, jefe del gabinete del ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Me dijo que anulara el auto de procesamiento. Fue, francamente, insolente. Era evidente que los compromisos adoptados durante la transición entre los partidos políticos y los militares estaban en peligro. Se le había asegurado al Ejército con ocasión del plebiscito de 1988 que Pinochet sería intocable", respondió Guzmán.
En su edición del pasado domingo, el periódico hispano publicó una extensa entrevista con el jubilado jurista, a quien interrogó sobre el real estado de salud de Augusto Pinochet Ugarte y si su condición mental fue una excusa para evitar la acción judicial.
"Entendí desde el principio que Pinochet y sus abogados usaron la salud mental para salvarse en Londres. Luego pude comprobar que su salud mental era bastante normal. Al menos muy normal para los 84 años que tenía entonces. Hubo fingimiento", relató Guzmán.
El abogado agregó que "siempre vi que hacía un esfuerzo por mostrar sus dificultades para moverse. Fíjese lo que pasó en su casa de La Dehesa, un barrio de Santiago. Llego y me atienden él y sus letrados. Pinochet hace un gran esfuerzo para ponerse de pie. Su abogado, Miguel Schweizer, ex ministro de Relaciones Exteriores en la época de la dictadura, le dice: "No, señor presidente, no se mueva, por favor". El otro abogado, el coronel retirado Gustavo Collao, le insiste: "Mi general, quédese sentado". Exageraban".
"Terminada la declaración, tuve que transcribir el texto. Pasamos al comedor. Había una puerta entornada. Y entonces veo a Pinochet en el cuarto de al lado caminar bastante rápido y con agilidad. Era una persona distinta a la que había pretendido, hacía pocos minutos, tener terribles dificultades", recordó.
Juan Guzmán, el único juez que logró interrogar en dos oportunidades al ex comandante en jefe del Ejército, añadió que su impresión "al verle por primera vez fue que estaba muy bien. Reaccionó con rapidez a las preguntas. Contestó sabiendo bien lo que hacía. Evadió todo lo que pudiera tener que ver con su eventual responsabilidad en los crímenes de la caravana de la muerte. Estuvo muy amable".
"En el segundo interrogatorio, en relación con la Operación Cóndor, se mostró menos simpático, pero exhibió una gran comprensión de las preguntas y sus respuestas fueron muy precisas a la hora de escabullirse de todo aquello que pudiera implicarle. Al preguntarle sobre su participación en los secuestros, las muertes y las torturas, me explicó que él sólo se ocupaba de los asuntos importantes de Gobierno", precisó.
Agrega el ex juez Guzmán que "Pinochet es un hombre muy orgulloso, por lo cual se resistía a fingir su presunta demencia. Yo creo que él les falló a sus abogados. A mí me daba la impresión de que prevaleció su personalidad".
"El juez (Baltasar) Garzón ayudó enormemente a internacionalizar el caso. El arresto de Pinochet proyectó el interés a escala mundial y colaboró para que hubiera un mayor espíritu de justicia en Chile, y estoy pensando, sobre todo, en la Corte Suprema", recordó Juan Guzmán, sobre cómo se originaron las querellas contra el ex dictador en el país.
El retirado magistrado agregó que "es hoy el día que sigo pensando que este tribunal debe pedir perdón a los chilenos por haber amparado los crímenes de la dictadura militar".
"La gente de derecha -los duros en el Ejército y en la Corte Suprema- parecía estar muy tranquila y confiada en que si estos temas estaban en mis manos, no iba a pasar nada. Estudié los hechos (...) cuando admití, el 20 de enero de 1998, la querella de la dirigente comunista Gladys Marín por la desaparición de su esposo, hubo un pequeño terremoto", reconoció.
Consultado por qué aceptó esta acción judicial, Guzmán explicó que debió "hacer una interpretación jurídica creativa".
"El decreto-ley que Pinochet había promulgado en 1978 amnistiaba los crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Los verdugos de las personas torturadas y ejecutadas en ese periodo quedaban impunes. Problema: ¿cómo calificar hechos en los que los cuerpos de las víctimas seguían sin aparecer? Habían sido secuestradas, sí, pero no se había vuelto a saber de ellas (...) en Chile, la figura era secuestro. Pero el delito seguía produciendo efectos después de 25 años. Porque era imposible probar que esas personas estaban muertas. Los desaparecidos eran víctimas de lo que, entonces, procedí a llamar un 'secuestro permanente' aún vigente. Por tanto, no estaba cubierto por la ley de Amnistía", detalló.
Juan Guzmán asumió que se sintió "aliviado" cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, el 16 de octubre de 1998, pues pensó que "me había quitado de encima una enorme tarea y que se llegaría a la justicia por la vía de la jurisdicción universal en España, a iniciativa del juez Baltasar Garzón".
"Cuando Pinochet estaba todavía en Londres, usted anticipó que si regresaba lo sometería a exámenes mentales. ¿Sospechaba que su demencia senil podía ser un montaje?", cuestiona el diario a Guzmán.
El ex magistrado respondió que "todas las presiones que recibía en Santiago iban, en 1999, hacia una dirección: Debía olvidarme del texto de la ley. La ley es muy precisa cuando ordena que a las personas mayores de 70 años se les debe practicar exámenes mentales para conocer su estado".
"El consejo, por así decir, que me daban Jorge Rodríguez, a cargo del Instituto Médico Legal, o el ex ministro del Interior del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle Carlos Figueroa Serrano era que se podía ayudar a Pinochet en este punto. Esto es: evitar exámenes sicológicos. No había que hacerle un examen sobre sus facultades mentales, sino sólo sobre su estado físico. Esto era contrario a lo que establece el Código de Procedimiento Penal chileno", subrayó.
El jurista añadió que incluso un "viejo conocido me sugirió que debía conocer a un general retirado que en aquellos momentos era senador. Se trataba de Santiago Sinclair, vicecomandante en jefe del Ejército desde 1986 e integrante desde 1989 de la Junta Militar presidida por Pinochet".
"La reunión abordaría las posibilidades de lograr el retorno de Pinochet a Chile. Quién llevó la conversación fue el abogado. Me propuso dictar una orden de detención contra Pinochet. Esta medida lograría, explicó, el apoyo incluso de los abogados querellantes en las causas contra Pinochet. Y la defensa no se opondría. El Reino Unido, ante una petición así, seguía el razonamiento, daría prioridad a Chile frente a España. Una vez Pinochet aquí, razonó en voz alta el letrado, la justicia chilena encontraría la manera de evitar su procesamiento. Este abogado pensaba que yo estaba en el juego de protección. El senador Sinclair hacía de testigo. Fueron muy amables. Les dije que no procedía", concluyó.
