Por primera vez en causas de DD.HH. se condenó por "daño emergente".
Fallo se adoptó de manera unánime y causó conformidad en la familia.
La demanda de las hijas del asesinado matrimonio se inició en mayo del 2011 y tras fracasar una negociación con el Consejo de Defensa del Estado sólo resta un pronunciamiento de la Corte Suprema.
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó desde 600 a 724,5 millones de pesos la indemnización a las hijas del fallecido matrimonio del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados por agentes de la Dina en Buenos Aires en 1974, añadiendo al consignado daño moral la figura inédita de daño emergente.
Se trata de la primera vez que dicha figura se aplica en casos de Derechos Humanos y según la Octava sala del tribunal de alzada, el Fisco deberá pagar la cuantiosa suma más los intereses, redondeando un monto cercano a los 730 millones de pesos para las hijas del matrimonio, Sofía, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert.
La resolución ratificó la decisión de la magistrada Isabel Espinoza del Vigésimo sexto Juzgado civil, quien había aumentado las cifras para costear los peritajes que terminaron condenando a ocho personas como responsables del doble homicidio, encabezados por Manuel Contreras, sentenciado a cadena perpetua.
Luciano Foullioux, abogado de la familia, valoró el fallo y sostuvo que el daño se provocó no sólo a las hijas, sino también a los nietos y el resto de los seres queridos, sin olvidar que "hay que entender que se trata del asesinato del comandante en jefe del Ejército a mano de sus propios subalternos, y del vicepresidente de la República".
"Ha quedado establecido que la inprescriptibilidad en materia penal, de Derechos Humanos, está analógicamente puesta en el área civil reparatoria que el área penal. El Estado no puede eximirse de responsabilidad argumentando lo contrario", agregó el jurista.
A nombre de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, valoró el fallo: "Es una gran resolución que ojalá sirva para que otros jueces y otras salas también tomen la misma decisión en el momento en que tengan que ser vistas. Es un fallo que realmente hay que saludar".
De forma unánime los ministros suplentes Mario Gómez, Enrique Durán y Tomás Gray, concordaron en que "el Estado debe responder en los casos que sus agentes, con o sin instrucciones, llevan a cabo delitos de lesa humanidad", apelando al Derecho Internacional.
