Las sentencias oscilan entre 541 días y 15 años de presidio.
Además acogió demanda de familiares de víctimas por 380 millones de pesos contra el Estado.
El tribunal ratificó el fallo del tribunal de primera instancia.
En un fallo unánime, la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sentenció a 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) como los responsables de los secuestros calificados de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) ocurridos en 1987.
De esta manera se ratificó la sentencia dictada previamente por el ministro en visita Mario Carroza ante las desapariciones de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados en septiembre de 1987.
En el caso de Hugo Salas Wenzel y Álvaro Corbalán Castilla, se les condenó a 15 años de cárcel, junto con confirmar las penas de 10 años y un día de presidio para Iván Quiroz y Gonzalo Maass del Valle, todos como autores de los ilícitos.
Los otros sentenciados
En el caso de Raúl Durán Martinez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortez, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales, se elevó la pena de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores.
En tanto, al ex agente Luis Sanhueza Ross, el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los ilícitos.
A los agentes Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya se les elevó la pena de 3 años y un día a 5 años y un día, en calidad de autores de los ilícitos.
Para los agentes Aquiles Navarrete Izarnotegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco y Hugo Prado Contreras, se dictó condena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de los ilícitos, modificando su participación inicial de encubridores y, consecuencialmente, se les elevó la pena inicial de 3 años y un día de presidio.
En el caso de Rodrigo Pérez Martínez y Víctor Campos Valladares se dictó pena de 3 años y un día de presidio –con el beneficio de la libertad vigilada– por su responsabilidad como cómplices, cambiándose la participación inicial de encubridores y elevando la pena inicial de 541 días de presidio.
Finalmente, se absolvió a Rodrigo Barría Roger, condenado inicialmente -como encubridor- a 541 días de presidio.
Además, la Corte confirmó las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado que ahora deberá pagar 380 millones de pesos a los familiares de las víctimas, todo esto como parte de un caso correspondiente a los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura.
