Veintitrés trabajadores desaparecieron entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre ese año.
Dos militares fueron sentenciados a penas de entre cinco y 20 años.
La causa fue investigada por el ministro Jorge Zepeda Arancibia.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973.
Estos ilícitos fueron investigados en primera instancia el ministro Jorge Zepeda Arancibia y en la indagatoria se comprobó que siete de los trabajadores fueron ejecutados, mientras que los otros 16 fueron hechos desaparecer.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
De este modo, se confirmaron las sentencias a 20 años de presidio, sin beneficios, a Patricio Martínez Moena; a 10 años y un día de presidio, sin beneficios, a Walter Klug Rivera; y a cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, a Ismael Espinoza Silva.
En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó, además, la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bíobío.
