La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) iniciará este lunes su periodo ordinario de sesiones en Colombia y, por cinco días, celebrará audiencias públicas de casos contra el Estado de Chile, de Guatemala y de Brasil; y también otras privadas que afectan a Bogotá, como el de la periodista Jineth Bedoya.
"La celebración de este Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana en Colombia es una gran oportunidad para que se profundice el conocimiento del trabajo del Tribunal, así como la participación en las actividades públicas de todos quienes estén interesados en la temática de los derechos humanos", señaló el presidente de la CorteIDH, el juez Ricardo C. Pérez Manrique.
La instalación será mañana y las sesiones, que responden a una invitación que hizo el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reciente visita a Costa Rica, serán públicas y gratuitas, y se celebrarán a partir del martes en la sede de la Defensoría del Pueblo.
CASO CONTRA CHILE
Las sesiones públicas girarán sobre los casos Huilcaman Paillama contra Chile, el de Pérez Lucas contra Guatemala y el de Leite de Souza contra Brasil.
El primero, que se celebrará el martes, busca establecer la responsabilidad del Estado chileno por las violaciones en el marco de un proceso penal contra 140 personas de etnia mapuche en unas protestas que se dieron en 1992 por los 500 años de la conquista española.
Los acusadores aseguran que en el proceso judicial por el que fueron condenados en 1993 por ocupar varios predios vecinos a sus comunidades para llamar la atención, el Estado actuó de forma imparcial y sin respetar la presunción de inocencia.
CASO DE GUATEMALA
El caso contra Guatemala se celebrará el miércoles y en él se estudiará la responsabilidad del Estado por las supuestas violaciones que habrían tenido lugar como consecuencia de la detención, en abril de 1989, de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, "su posterior desaparición forzada y el alegado estado de impunidad en el que se encontrarían las investigaciones al respecto", informó la Corte.
Estas tres personas, defensores de derechos humanos vinculados al Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), fueron arrestadas por las autoridades, que se negaron a "informar los motivos de la detención, el lugar al que fueron trasladadas y el posterior paradero de las presuntas víctimas".
CASO DE BRASIL
Y el último de los casos, que se tratará el jueves, busca determinar la responsabilidad de Brasil por la desaparición forzada y violencia sexual contra 11 personas.
Corresponden a Viviane Rocha, Cristiane Leite de Souza, Wudson de Souza, Wallace do Nascimento, Antônio Carlos da Silva, Luiz Henrique Euzébio, Edson de Souza, Rosana Lima de Souza, Moisés dos Santos Cruz, Luiz Carlos Vasconcelos de Deus y Edio do Nascimento. También trata de los homicidios Edméa da Silva Euzébio y Sheila da Conceição.
Los hechos se remontan al 26 de julio de 1990, cuando un grupo de policías habría secuestrado y trasladado a las víctimas a un rancho militar, "donde habrían sido sometidas a violencia sexual, asesinadas y lanzadas al río Estrella". En 2010, el Ministerio Público archivó la investigación porque los cuerpos nunca fueron encontrados y alegaban falta de pruebas.
CASOS CONTRA COLOMBIA
En paralelo a estas tres audiencias, la Corte también realizará sesiones privadas sobre otros cinco casos que involucran al Estado colombiano y que servirán para hacer un seguimiento de cumplimiento de sentencias que ya se han dictado.
Entre ellas está el cumplimiento de la sentencia en el caso de las masacres de Ituango o el que atañe a Jineth Bedoya, por quien la CorteIDH condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos de la periodista, secuestrada por paramilitares que la violaron y la sometieron a otros vejámenes.
Bedoya fue interceptada y secuestrada por paramilitares en mayo de 2000 a las puertas de la Cárcel La Modelo de Bogotá y sometida a un "trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales", según indicó el fallo.
La sentencia incluía 13 medidas de reparación, seis de las cuales son de carácter administrativo y tienen que ver con compensaciones económicas y con la publicación del fallo mismo, y otras conllevaban la creación de un centro para la memoria de las periodistas y las víctimas de violencia sexual.
