La confesión la efectuó en un video dirigido a comunidad masónica.
El ministro Campos aclaró la polémica generada por el no cierre de Punta Peuco.
El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, reconoció que se negó a firmar el decreto que le envió la Presidenta Michelle Bachelet para cerrar el penal de Punta Peuco para violadores de los derechos humanos y destinarlo a otro uso.
En un video dirigido a la comunidad masónica a la que pertenece y que fue divulgado por La Tercera, el otrora secretario de Estado sostuvo que hasta el día viernes 9 de marzo, cuando en la práctica dejó su cargo en el gabinete, no había recibido ninguna instrucción sobre la cárcel que alberga a violadores de derechos humanos.
"Sin embargo, y de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él", aseguró Campos, quien es postulante a Gran Maestro de la logia masónica.
No obstante, el ex titular de la cartera de Justicia dijo que le advirtió al gobierno "que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra política-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba".
"Además -continuó-, les indiqué que del punto de vista jurídico la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento además ilegal, puesto que todo el procedimiento de su génesis no corresponde a lo que nuestro ordenamiento jurídico contiene sobre este punto".
Jaime Campos también dijo que consideró que esta situación, a pocas horas del cambio de mando, lo único que conseguiría era "empañar" la tradición republicana chilena en materia de la transmisión del poder y que para evitar un eventual bochorno se negó a suscribir el documento.
A pocas horas del cambio de mando surgieron múltiples rumores respecto a que la Presidenta sí había firmado el decreto para el cierre del penal, lo que luego fue confirmado por la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien aclaró que el documento redestinaba el uso del penal para "presos no autovalentes o en situación de discapacidad".
Al ser requerido por esto, Campos sostuvo que nunca recibió algún decreto o proyecto respecto a Punta Peuco hasta el viernes 9 a las 17:00 horas, cuando se retiró del Ministerio de Justicia, pero no ahondó en el tema como lo hizo ahora.
En el video también deslizó, aunque sin explicitarlo, que en la misma ocasión también se negó a firmar indultos presidenciales, entre ellos el del ex frentista Jorge Mateluna, quien cumple condena por su supuesta participación en el asalto a una sucursal del Banco Santander en la comuna Pudahuel en el año 2013, sentencia que es fuertemente cuestionada y que incluso inspiró una obra teatral del dramaturgo Guillermo Calderón, esto debido a reproches jurídicos en la materia.
"Si alguien me plantea ejecutar un acto que violenta mi conciencia, que transgrede mis principios y mis valores, y que importa una marginación de la Constitución y de la ley que hemos jurado respetar, tengan ustedes la seguridad que yo jamás lo voy a realizar. Y en este caso, me tocó enfrentar esta situación", recalcó.
Asimismo, en su declaración, la ex autoridad comentó que en múltiples ocasiones, al menos seis durante el año y medio que ejerció como ministro, le manifestó a la ex Presidenta Michelle Bachelet la necesidad de adoptar una resolución sobre el penal y que incluso planteó algunas alternativas válidas para resolver el tema, pero nunca recibió respuesta.
"La última vez que conversé esta situación con Su Excelencia fue en el mes de enero del presente año, ocasión en que le indiqué que los plazos para implementar cualquier medida que quisiésemos adoptar se nos estaban acortando o estaban terminando, puesto que estábamos en una posición muy próxima a concluir el mandato presidencial", enfatizó.
Finalmente apuntó a la ex mandataria al señalar que "quienes debían adoptar las medidas políticas pertinentes, en el momento oportuno no lo hicieron. Y de ahí es que no podía aceptar, a la hora undécima, tratar de ejecutar un acto a sabiendas de que era ilegal y a sabiendas que sólo tenía un propósito comunicacional y que empañaría groseramente lo que era el proceso de transmisión de mando", concluyó.
