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Gobierno desdramatizó millonarias pensiones a presos por violaciones a los DDHH

El ministro Jaime Campos indicó que este "es un tema súper complejo".

El subsecretario Aleuy dijo que esta situación será abordada en la reforma al sistema de pensiones en la que trabaja el Ministerio de Hacienda.

ATON
La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, de 3.254.853 pesos.

La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, de 3.254.853 pesos.

El Gobierno desdramatizó la polémica por la revelación de las millonarias pensiones que reciben los presos por violaciones a los derechos humanos que se encuentra en el recinto penitenciario de Punta Peuco.

El ministro de Justicia, Jaime Campos, le bajó el perfil al tema, asegurando que el Estado solo cumple la ley.

"Este es un tema súper complejo. No se queden con el titular o la caricatura. Acá hay derechos previsionales, acá hay un problema de derechos humanos, aquí hay problemas constitucionales. Si ustedes creen que esto es decir 'sí' o 'no', lo único que van a hacer es conseguir que se creen juicios sobre el particular para que ganen los abogados", aseguró el secretario de Estado.

Según reveló La Tercera, los condenados tienen pensiones que llegan hasta los 3,2 millones de pesos, con un promedio de 1.618.459 pesos y solo 13 de las 95 pensiones están suspendidas, siendo depositadas cada mes en las cuentas de los reos, de acuerdo a información entregada por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva (3.254.853), mientras que Miguel Krassnoff recibe 2.489.658 pesos cada mes.

subir "Beneficiados por los mismos delitos que están condenados"

El diputado del PS Leonardo Soto, quien presidió la comisión investigadora por las pensiones de Dipreca y Capredena, detalló a Cooperativa que 11 reclusos por violaciones a los derechos humanos incrementaron su jubilación en un 20 a 30 por ciento gracias a una pensión de invalidez tras argumentar estrés post traumático debido a su paso por los organismos de seguridad en la dictadura.

"Han sido pensionados por una causal que se llama inutilidad de segunda clase, que es una especie de invalidez. Ellos la usaron y la invocaron para pensionarse, pero no como inutilidad física, sino invalidez sicológica", explicó Soto.

"Muchos de ellos, alrededor de 11 –estamos investigando exactamente cuál es la cifra final- se habrían pensionado invocando una dolencia que denominan 'estrés posguerra' o estrés postraumático, y que habrían recibido ese estrés, precisamente, en su paso por las casas de seguridad de la CNI", explicó Soto.

"A nosotros nos parece que es una verdadera vergüenza que personas resulten beneficiadas, con pensiones incluso superiores al resto, por esta misma causal: invocando la misma comisión de delitos por los cuales están condenados", alegó el parlamentario.

El senador Hernán Larraín, ex timonel de la UDI, indicó que "las personas que tengan derechos por sus antecedentes, historias previsionales, tiene que seguir haciendo uso de sus derechos".

"Si tiene una persona, sea un uniformado o sea un civil, un problema judicial o penal, tendrá que responder por los delitos que haya cometido, pero no se sigue que una persona por cometer un delito tenga que perder los derechos que la legislación le otorga en materia de las pensiones", aseveró.

Si bien el Gobierno evitó polemizar, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que esta situación será abordada en la reforma al sistema de pensiones en la que trabaja el Ministerio de Hacienda.

subir Iturriaga Neumann denuncia transgresión a la Constitución

Por su parte, el general en retiro y ex subdirector de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, aseguró que acá se está transgrediendo a la Constitución si es que se pretende rebajar las pensiones a los condenados por crímenes de derechos humanos.

Mediante una carta que hizo llegar a La Tercera, el ex uniformado dijo que hay una "transgreción (sic) a la Constitución" y que, según él, en la Carta Magna se dice que "no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales".

Acusó que acá hay una persecución política y anunció la interposición de un "recurso de protección" para mantener el beneficio.

"No queremos seguir siendo utilizados para tapar la desunión de la coalición gobernante", sentenció en el texto.

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