La segunda dirigencia comunista clandestina fue exterminada en 1976.
Entre los represores se incluyen varias mujeres, secretarias de Manuel Contreras.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se mantiene escéptica ante la posibilidad de Justicia.
El ministro en visita Miguel Vásquez dictó una acusación en contra de 53 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición y muerte de la cúpula clandestina del Partido Comunista en 1976, en el caso conocido como "Calle Conferencia Dos".
Vásquez se prepara así para la última etapa del juicio en el antiguo procedimiento penal, para luego dictar sentencia en primera instancia en la investigación por la represión y exterminio de la segunda cúpula clandestina del PC.
Según la indagatoria, a partir del 13 de diciembre de 1976 en distintos puntos de la capital -principalmente la zona oriente- los ex agentes detuvieron a Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez y Waldo Ulises Pizarro Molina, todos militantes comunistas.
Los dirigentes fueron trasladaron al cuartel secreto de calle Simón Bolívar número 8800 en la comuna de La Reina, donde fueron interrogados bajo brutales torturas y posteriormente hechos desaparecer.
La DINA contó con la Brigada Lautaro y las unidades Mehuín y Defín con el objetivo primordial de reprimir, detener y desarticular al PC, acción en la que varias mujeres partiparon de los apremios ilegítimos, como Gladys Calderón, apodada "doctora Hoffmann", quien ponía inyecciones letales a los detenidos.
También aparecen imputadas Adriana Rivas, Berta Jiménez y Celinda Aspe, supuestas secretarias del director de la DINA, Manuel Contreras, pero que tomaron parte "operativa" en la ejecución de los crímenes.
"Decisión histórica"
El juez Vásquez pidió ampliar la extradición de Adriana Rivas, actualmente en Australia.
El abogado querellante Eduardo Contreras afirmó que confía en que el país oceánico envíe a la represora a Chile para que enfrente la Justicia.
"Esta decisión del ministro Vásquez muestra cómo están actuando ahora los tribunales. En esta nueva situación nos parece que es una decisión histórica, puesto que Adriana Rivas -que participa en el exterminio de toda la dirigencia del Partido Comunista en el fatídico cuartel de Simón Bolívar- es una figura central, tanto por su propia responsabilidad como por la información que ella maneja", dijo Contreras.
"De acuerdo a la actual institucionalidad que une a los países de Chile y Australia, ésta esa una extradición perfectamente viable", manifestó el jurista.
En enero el juez Vásquez había pedido ya la extradición de Rivas por la desaparición del secretario general del PC, Víctor Diaz.
"Sigue el pacto de silencio"
Quien más relatos entregó en la causa sobre lo ocurrido en el cuartel Simón Bolívar fue Jorgelino Vergara Bravo, el llamado "mocito" de la DINA, quien asegura que a los detenidos se les ejecutaba, se les metía en sacos, a algunos se le ponían rieles para ser lanzados al mar, y otros eran hechos desaparecer en las minas de cal de Lonquén o la cuesta Barriga.
"El mocito" relata en la causa que Fernando Ortiz imploró que lo mataran, porque le habían quebrado sus piernas a palos.
Una de las víctimas de Calle Conferencia es Waldo Pizarro, padre de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. La mujer se muestra escéptica ante la posibilidad de justicia, sobre todo considerando los recientes beneficios conocidos de los condenados en el "caso Degollados".
"Hoy día la verdad todavía no sé exactamente qué pasó con él. Sé generalidades, porque el pacto de silencio sigue entre los uniformados, porque la Justicia 'en la medida de lo posible' sigue estando presente y porque tenemos un Estado que indulta o da beneficios carcelarios a los que cometieron tanta barbaridad (...) Ojalá nadie lo vuelva a vivir", dijo Pizarro.
