Justicia pidió a EE.UU. extradición de Townley y Fernández Larios por crimen de Soria

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Autor: Cooperativa.cl

La decisión fue tomada de forma unánime por el máximo tribunal.

El caso no ha prescrito por tratarse de un crimen de lesa humanidad.

Justicia pidió a EE.UU. extradición de Townley y Fernández Larios por crimen de Soria
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El diplomático español fue asesinado en 1976.

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La Corte Suprema solicitó a Estados Unidos la extradición de tres personas involucradas en el homicidio del diplomático español Carmelo Soria, hecho ocurrido en 1976 en Chile.

En un fallo unánime, se aprobó la solicitud de extradición activa del chileno Armando Fernández Larios, el estadounidense Michael Townley y el cubano Virgilio Paz, realizada por el ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas.

En el texto se explica que "los múltiples antecedentes consignados por el tribunal instructor permiten tener por establecidas presunciones suficientes para afirmar que a los requeridos le cupo participación culpable en los hechos investigados en la causa (...) la acción penal no está prescrita como lo consigna el tribunal instructor en el N° 8 del pedido de extradición y el Fiscal Judicial en su informe por tratarse de un delito de lesa humanidad".

"Se encuentra establecido que los requeridos mantienen residencia en Estados Unidos de Norteamérica, según se consigna en sus respectivas declaraciones acompañadas a la solicitud de extradición", indican.

Finalmente, el fallo continúa manifestando que "se declara que es procedente solicitar al Gobierno de Estados Unidos de América la extradición de Armando Fernández Larios, Michael Vernon Townley Welch y Virgilio Paz Romero, sólo por la responsabilidad que se les atribuye como coautores del delito de Homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta, del Código Penal, por el que fueran procesados".

Lento proceso

El trámite deberá realizarse a través de la Cancillería y la justicia norteamericana determinará si aprueba la extradición, en vista a que existe un tratado vigente firmado entre ambos países.

El ministro Cisternas comentó que "pronunciarme sobre las posibilidades reales de que esto tenga una respuesta afirmativa es prácticamente caer en una especie de futurismo, pero no tengo otra alternativa más que limitarme a hacer el trámite y esperar cual es la respuesta del gobierno de Estados Unidos".

"Ahora, como esto a lo menos va a ser lento, vamos a disponer que exista un cuaderno preparado de tal manera que las últimas diligencias que están pendientes, que ocurrirán muy luego, se va a cerrar el sumario, se va a formular la acusación y va a seguir tramitándose respecto de los otros imputados", aseveró.

Carmen Soria, hija de Carmelo Soria, recalcó que "después de 40 años, por primera vez la Corte Suprema aprueba la extradición, ¿qué quieres que te diga? me parece bien, pero la tardanza no tiene palabras".

"Lo que para mí es súper importante recalcar es que la justicia en este país. No es posible que mi familia esté en juicio desde hace 40 años, porque en julio se cumplen 40 años de que mataron a mi padre y de que las personas que lo mataron sigan viviendo del Estado chileno y anden libres", añadió.

Dificultades

En el caso de Armando Fernández y Michael Townley, aparecen dentro del programa de testigos protegidos norteamericano por su colaboración en la muerte del ex canciller Orlando Letelier.

El secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos, Sebastián Cabezas, como querellante en esta causa, reconoció que eso podría dificultar la extradición.

"La protección de testigos que tiene Michael Townley específicamente, eventualmente puede dificultar la extradición de estos ex agentes a Chile, pero esas son cuestiones que se van a tener que resolver en la jurisdicción estadounidense y para eso va a ser muy importante el proceso de extradición en EE.UU.", indicó.

En 1978 se aplicó la Ley de Amnistía en esta causa y recién en 2013 se reabrió el sumario que obligó a seguir con la investigación, y en agosto de 2015 la Corte Suprema ordenó los procesamientos.

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