Así lo confirmó la Sala Penal del máximo tribunal.
Teillier, actualmente en la Cámara Baja, formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los 80.
La Sala Penal de la Corte Suprema ratificó que no se puede indagar al hoy diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier, por la querella interpuesta por tres de las viudas de los cinco escoltas que murieron en el atentado en contra de Augusto Pinochet, el 7 de septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo.
Así, el máximo tribunal del país confirmó la decisión de la ministra en visita Liliana Mera, fallo respaldado a su vez por la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se argumenta que no se trata de un homicidio calificado terrorista y que está prescrita la acción penal.
El presidente de la sala, Milton Juica, defendió el fallo y sentenció que "es un simple auto de no dar curso a una querella y eso es no da lugar a un recurso de casación. Aquí se juzga a todos por igual, pero esta es una situación muy procesal y en que nosotros tenemos que aplicar la ley".
El fallo consideró el atentado como "delito común u homicidio" y no un "atentado contra los derechos humanos" como planteaban los querellantes.
El propio Teillier detalló que "no fue una acción terrorista ni un crimen de lesa humanidad, nosotros fuimos abiertos, siempre estuvimos dispuestos a que hablara la justicia, nunca ocultamos lo que hicimos, lo que finalmente concluyó la Corte Suprema".
En octubre del año pasado las tres mujeres interpusieron el libelo luego de una entrevista concedida por Teillier a un periódico donde reconoció ser parte de la autorización del ataque contra el dictador, ya que era una decisión del partido, que tenía como brazo armado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organismo del cual formaba parte Teillier.
El abogado de las querellantes, Raúl Meza, manifestó que podrían recurrir a instancias internacionales ya que "no perdemos la esperanza que este criterio jurídico cambie, que frente a este fallo de la Corte Suprema se consagra una denegación de justicia".
En la querella se solicitaba que se investigarán los hechos como delito de lesa humanidad para evitar la prescripción, además de solicitar la declaración de la Presidenta Michelle Bachelet, a quien calificaban de "médico de los miembros de la organización terrorista".
