El Presidente Gabriel Boric informó que hasta la fecha, el Ministerio del Interior ha detectado a 50 pensionados por gracia -obtenida por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social- que cuentan con antecedentes penales.
"He mandatado a los organismos correspondientes que eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas se revise, y efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa para que, cuando identifiquemos a beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico, revocar esas pensiones", confirmó este martes.
No obstante, el Mandatario admitió que "eventualmente esto podría judicializarse y por eso hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso".
TOHÁ: "CUANDO HAY DAÑOS SEVEROS, NO DEBIERA SER OBSTÁCULO QUE TENGAN ANTECEDENTES PENALES"
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reforzó que "la comisión que hace los informes para la asignación de estas personas de gracia va a examinar todos estos casos, considerando cuáles son los que tienen estos delitos graves y también sopesando el tipo de daño que hayan recibido".
En tal sentido, explicó que "la consideración del Ejecutivo es que cuando hay daños severos -por ejemplo, personas que tuvieron pérdida del globo ocular- no debiera ser un obstáculo el que tengan antecedentes penales, porque es de tal entidad el daño que sufrieron que en ese caso no debiera revertirse".
Sin embargo, Tohá advirtió que "hay varios casos en que hay daños que no son de esa entidad de gravedad y hay antecedentes penales de delitos graves, y no estoy hablando de uno o dos casos; estoy hablando de más casos".
CHILE VAMOS ACUSA "VUELTA DE CARNERO"
Desde Chile Vamos, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) afirmó que la decisión del Presidente Boric "es claramente una vuelta de carnero dada por la presión que ejerció la comisión y la tramitación del proyecto. Ante eso, el subsecretario Monsalve, la ministra de Interior y el ministro de Justicia se deshacen en explicaciones de abrir puertas que habían cerrado rotundamente".
Mientras, el diputado Henry Leal (UDI), quien fue presidente de la comisión investigadora de las pensiones de gracia en la Cámara Baja, criticó que "el Gobierno nunca nos entregó los nombres, entonces, no sabemos quiénes son y cuáles son los delitos".
"En general, creemos que las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido social a personas condenadas con beneficio a la primera línea, tienen que ser, en principio, revocadas a todos", agregó el gremialista.
No obstante, Leal luego matizó: "No me cierro a que el Presidente se le mantenga en la facultad del 'podrá'. Él ponderará los hechos y, si hay un caso excepcional, bueno, se verá caso a caso".
DIPUTADO OFICIALISTA: "UNA COSA ES LA COMPENSACIÓN A VÍCTIMA Y OTRA QUE EL ESTADO FINANCIE LA DELINCUENCIA"
En el oficialismo, en tanto, el diputado Tomás de Rementería (PS) planteó que "una persona por haber cometido un delito no deja de ser víctima de una violación de derechos humanos ni de haber sido víctima. Sí pierde los requisitos para obtener una compensación a raíz de aquello y acá el Presidente lo que está haciendo es eso. No es desconocer el carácter de víctima de esas personas, pero reconociendo que una persona que delinque no tiene por qué recibir beneficios del Estado de ningún tipo".
"Yo creo que el Presidente ha sido muy valiente en tomar una decisión, en retroceder a sus propias decisiones; que acá una cosa es la compensación a una persona que es víctima y otra distinta es que el Estado financie la delincuencia", aseguró el socialista.
