El abogado Raúl Meza, que representa a varios de los sentenciados por delitos contra los derechos humanos, presentó este lunes un recurso de protección contra la Presidenta Michelle Bachelet para que se pronuncie respecto a la situación de los reos de Punta Peuco.
Esto, debido a que el pasado sábado falleció otro de los condenados que esperaba el indulto presidencial: Pedro Vivian Guaita, quien padecía de leucemia y otras dolencias.
Con esta nueva muerte, ya son tres los reclusos de Punta Peuco que han muerto en los últimos 25 días.
Por esto, el abogado criticó que "el Gobierno ha demostrado una insensibilidad y un abandono absoluto a los enfermos terminales en Punta Peuco, no ha tenido una voluntad real de pronunciarse sobre estos beneficios que por ley están establecidos en beneficio de cualquier interno".
Razón por la que Meza presentó, a las 11:30 de hoy, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.
A la salida, declaró que "ella (la Presidenta), frente a esta omisión -que nosotros estimamos que es ilegal y arbitaria, porque es una facultad constitucional legal exclusiva y excluyente de su calidad de Mandataria y por tanto no es delegable- debe ser de una resolución, como así se lo exigimos nosotros en su oportunidad, de carácter inmediato".
"Tiene una facultad constitucional -legal y exclusiva- que la habilita para pronunciarse sobre un beneficio, respecto de reos condenados en una condición de estado terminal", recalcó, al mismo tiempo que precisó que "desde la fecha de la solicitud de indultos, la señora Presidenta ha tenido 90 días para pronunciarse sobre indultos particulares", explicó.
Las solicitudes de indultos particulares son de Marcelo Castro, quien padece diabetes, está ciego y sordo; y René Cardemil, condenado a 10 años y que, según el abogado, tiene pronosticado 12 meses de vida.
En los próximos días, Meza presentará otro requerimiento de indulto de Mario Pizarro.
Zaldívar: "Veamos si acaso se puede hacer algo"
En medio de este debate, el sacerdote Fernando Montes pidió "condiciones dignas para morir" para los reos de Punta Peuco, aunque claró que no se trata de "indulto".
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, coincidió con el jesuita, y aseguró que "este tema hay que resolverlo con el Gobierno, con el parlamento. Veamos si acaso se puede hacer algo, en el sentido de evitar estas situaciones que son bastantes dramáticas, bastantes extremas".
"Lo que dice Fernando Montes es cierto, creo que una persona que llega a un estado de enfermedad terminal o que llega a un estado de alzhéimer absoluto, yo creo que debe pensarse en cómo se cumple una pena de forma distinta", puntualizó.
"Esto raya en un show mediático"
La acción fue cuestionada por la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien declaró que "esto raya en un show mediático, para generar caminos que permitan la libertad de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad".
"Desde misas de perdón, ahora esta acción judicial", detalló la vocera asegurando que con esto se está haciendo "oídos sordos de lo que significa el derecho internacional humanitario".
Desde el Gobierno, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, sostuvo que "la situación como se encuentra el día de hoy, se enmarca es nuestra legislación vigente".
"Gendarmería sigue los protocolos que están contemplados en nuestra ley respecto de los cuidados de las personas que están con enfermedades terminales, y se cuidan las condiciones de salud de esas personas como corresponden y como hemos comprometido como chilenos y como país ante organismos internacionales", puntualizó.